«El gobierno me quiere asesinar para silenciar su corrupción», asegura el granmense Alberto Almeida

Almeida asegura que hay una mafia organizada al más alto nivel en la provincia de Granma. (Foto: Captura de pantalla Facebook )

Desde el 2017, el granmense Alberto Miguel Almeida Reyes denuncia ante las autoridades de su provincia una ilegalidad de su vecina, quien ha usurpado parte de un terreno que le pertenece como herencia de sus padres.

Almeida Reyes reside en la calle 13 entre Milanés y Bayamesa, en el reparto Camilo Cienfuegos, de la ciudad de Bayamo y acusa a su vecina Madelaine Maceo Garcés por haber construido una pared en un terreno que legalmente le pertenece.

Según cuenta el demandante a Periódico Cubano lo primero que realizó fue presentar su caso ante la Dirección Municipal de Planificación Física en su territorio, la cual reconoce la ilegalidad cometida por su vecina colindante y emite una citación para que se presente en la entidad en 30 días hábiles.

“La ilegal Madelaine no se presentó ante el llamado de planificación física y pasados esos 30 días me demandó sin prueba ninguna, ya que ni posee documentación legal sobre la vivienda”, explicó Almeida.

Relata el solicitante que se ha manipulado el caso en varias ocasiones de acuerdo a las constantes acusaciones que ha recibido por parte de la fiscalía, la cual también ha modificado hasta las medidas de su propiedad para favorecer a la adyacente Madelaine.

“Hasta cuando el director de planificación física del municipio Bayamo, Alberto Arévalo García va seguir falsificando documentos, como el expediente Gubernativo 2457 de 2017 puesto a mi nombre, Alberto Miguel Almeida Reyes. Aunque cambien los directores de Planificación Física, los metan presos, el que viene detrás va seguir igual de corrupto o peor, esto no se va arreglar hasta que digitalicen a este organismo, todo pasa con total impunidad”, comentó.

De acuerdo a la información proporcionada por el granmense a esta redacción, el Consejo de Estado estipuló hace tres años que se le diera solución a su caso, pero las autoridades de la provincia, desde el gobierno hasta la fiscalía están corruptos.

“La fiscalía tiene mi expediente al cual no tengo acceso, todo lo hacen para manipularlo a favor de los ilegales. No sé lo que le mandan a la Fiscalía General de la República (FGR), ni lo que llega aquí a esta” acotó.

Hace alusión a las fiscales corruptas que tienen sus datos y que trabajan en la Fiscalía Provincial de Granma, “como Oneida Mogena Pérez, Haydée Mojena López y la Jefa de Atención al ciudadano Yunia Zamora Reitor, ellas manipulan toda la información. El Consejo de Estado hace 3 años está mandando a darle solución a mi caso, al igual que el fiscal jefe de la Dirección de Atención a los Ciudadanos de la FGR, Rafael Angel Soler. Dicen que a ellos no los controla nadie, que el Consejo de Estado, ni la FGR tienen jurisdicción aquí en Granma”, dijo a Periódico Cubano.

El 4 de mayo de 2020, cuenta Alberto Miguel, se presentó en su domicilio un ciudadano que se hace llamar Guillermo Mera como enviado de las encargadas de atención a la población en el Gobierno Provincial y en Planificación Física. El encargado le informó al solicitante que la pared en terreno ilegal no se podía demoler porque así lo había estipulado la fiscalía.

En un video difundido en Facebook además explica que los documentos emitidos denominados “auto” tienen errores incluso señalados por el mencionado organismo. “Han manipulado las medidas de mi terreno”, acotó.

Asimismo, señala la participación en esa resolución en su contra de la juez Karen Gamboa Torres, a quien él pidió que se sacara del caso por estar presuntamente coludida.

Denuncia el demandante que el gobierno ha intentado asesinarlo

Narra Alberto Miguel Almeida Reyes, que a partir de sus denuncias el gobierno ha intentado asesinarlo. En dos ocasiones carros del estado han intentado atropellarlo.

Además comenta que la policía lo vive acosando en su domicilio, y con falsas acusaciones que violó a una niña de 5 años. “Hasta me querían llevar para psiquiatría, porque son marionetas de los ladrones e ilegales”, reafirmó.

“Hasta cuando el intendente Carlos y Maikel, el jefe de la comisión de enfrentamiento a las ilegalidades, no van a ir a buscar a la policía de Bayamo para ejecutar la resolución 252 de 2018 que soluciona mi caso, pues la unidad de patrullaje queda a 500 metros de mi residencia. Es tan difícil llamar el gobierno o al 106, o no tienen teléfono ni internet, o están esperando por el FBI, la CIA o la Interpol”, explicó.

Según sus declaraciones todos los abogados se niegan a representarlo para reclaman daños y perjuicios, incluso cuando se le ha dado órdenes a Carmen Iglesias Corría, directora Provincial de Bufetes Colectivos en Granma para que se le asigne un abogado.

“Hasta cuando me van a pelotear o Madelaine Maceo Garcés manda en el Tribunal Provincial de Granma. Me ha demandado en dos ocasiones, la primera es la 144 de 2017 y la segunda es la 25 de 2018, sin prueba alguna, ocasionándome daños y perjuicios y daño a mi moral. Además denuncio la falsificación de documentos a su favor”, aseveró.

El reclamante afirmó a Periódico Cubano que es una mafia organizada al más alto nivel en la provincia de Granma y que por sus quejas al reclamar sus derechos constitucionales, lo han intentado asesinar.

“El gobierno me quiere asesinar para silenciarme por denunciar sus corrupciones. Solicito ayuda urgente”, concluyó.