Una agencia de servicios de inmigración en Florida acaba de ser desmantelada mediante un operativo conjunto. Este caso está siendo considerado como la mayor estafa migratoria detectada en los últimos años a nivel federal.
Según Telemundo 51, las investigaciones encontraron un fraude por más de 20 millones de dólares contra inmigrantes indocumentados que buscaban regularizar su situación en territorio estadounidense.
La agencia, identificada como Legacy Immigrant, operaba en el 7075 de Kingspointe Parkway, en el condado Orange. Agentes locales, estatales y federales participaron en el operativo para cesar de inmediato las funciones de esta compañía.
Durante una comparecencia pública, el sheriff de Orange, John Mina, afirmó que los acusados se enriquecieron mediante “un modelo de negocio basado en la manipulación, el fraude, las mentiras y la extorsión”.
“Los clientes perjudicados no lograron cumplir su aspiración de obtener un estatus legal en el país”, comentó Mina, además de presentar la identidad de cuatro detenidos por este caso.
El fundador de Legacy Immigrant, Wagner Torres de Alameda, enfrenta cargos junto a su esposa, Juliana Colucci, de 47 años. Asimismo, fueron acusados otros dos asociados: Ronaldo DeCampos, de 34 años, y Lucas Felipe Trindade Silva. Todos se encuentran acusados por crimen organizado, fraude organizado, extorsión y ejercicio no autorizado de la abogacía.
La investigación comenzó en septiembre pasado, después de que un abogado vinculado al Colegio de Abogados de Florida reportara múltiples quejas de migrantes contra la agencia.
A partir de esas denuncias, los investigadores concluyeron que la empresa presuntamente desarrolló un esquema coordinado para engañar a inmigrantes indocumentados, haciéndoles creer que contaban con abogados de inmigración calificados.
De acuerdo con los testimonios recogidos, los acusados cobraban tarifas elevadas por solicitudes migratorias fraudulentas o mal presentadas. Varias víctimas aseguraron además que Legacy Immigrant creó cuentas de correo electrónico a su nombre sin autorización y retuvo documentos migratorios para presionarlas a pagar más dinero.
Hasta el momento, siete víctimas de Florida, Carolina del Sur, Connecticut y Nueva Jersey se han presentado formalmente ante las autoridades. Según la oficina del sheriff, cada una perdió entre 2.500 y 26.000 dólares. La mayoría de las personas presuntamente afectadas eran ciudadanos brasileños, lo que sugiere que la agencia se enfocó en una comunidad migrante específica.
Los registros financieros revisados por los investigadores muestran que la empresa recaudó dicha cantidad de dinero en los últimos tres años mientras, supuestamente, victimizaba a cientos de inmigrantes.
La investigación sigue abierta y las autoridades creen que podrían aparecer muchas más víctimas en distintos estados, además de personas que también se podrían haber beneficiado económicamente por medio de la estafa.
