El nuevo programa que impondrá el PCC: menos comida y subsidios, más impuestos y alza de tarifas

El régimen cubano prepara un nuevo paquete de ajustes económicos que elevará el costo de la vida y reforzará el control político, mientras lo presenta como un programa para “corregir distorsiones y reimpulsar la economía”.

Entre el 15 de noviembre y el 30 de diciembre, el Partido Comunista de Cuba (PCC) y sus organizaciones satélite “debaten” estas medidas en núcleos del Partido, la UJC, la CTC, la ANAP, la FEU, los CDR y la FMC, sin abrir espacios reales de participación ciudadana ni opciones de cambio político.

El documento se presenta como una hoja de ruta técnica, pero desde el inicio deja claro que todo el proceso estará bajo la conducción directa del PCC, el Buró Político y la Asamblea Nacional.

Se apela a la “unidad”, a la “guerra de todo el pueblo” y a la necesidad de “sacrificios”, una retórica que confirma que el objetivo no es democratizar la gestión económica, sino reorganizarla para sostener el mismo aparato de poder en medio de una crisis histórica.

Fin de los subsidios universales y alza de tarifas básicas

El núcleo más sensible del programa es el desmontaje de los subsidios universales. El Estado dejará de subsidiar productos básicos para pasar a “subsidiar personas que lo requieran” y anuncia la eliminación gradual de “gratuidades indebidas y subsidios”.

Se actualizará el costo de la canasta familiar normada, lo que anticipa subidas de precios en la libreta, y se revisarán al alza las tarifas eléctricas para “incentivar el ahorro”, así como las tarifas de agua, transporte de pasajeros y cargas, y los precios minoristas y mayoristas de combustibles, tomando como referencia el dólar. Para hogares con ingresos en pesos, esto se traduce en más inflación y menos poder adquisitivo.

El ajuste fiscal descrito en el programa es claramente contractivo y recae sobre la población. Se ordena disminuir progresivamente los subsidios y transferencias del Estado a las empresas, recortar recursos a Unidades Presupuestadas con Tratamiento Especial y extender la “contribución territorial” a personas naturales que realizan actividades económicas.

La vivienda pasará del esquema presupuestado a un esquema empresarial “autofinanciado”, lo que significa que la construcción y reparación de casas dependerá más de la capacidad de pago de las familias. A ello se suman nuevos tramos de peajes en las vías, completando un paquete de austeridad donde el Estado se retira mientras la ciudadanía asume más cargas directas e indirectas.

Más impuestos, más control bancario y un IVA regresivo

En materia tributaria, el programa apuesta por un sistema más pesado para el contribuyente y más intrusivo en el control estatal. Se ordena estudiar e implementar un Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA), un tributo al consumo que golpea con más fuerza a los sectores de menores ingresos.

Paralelamente, se perfeccionan mecanismos de control fiscal: los bancos deberán retener de forma automática impuestos sobre ventas y servicios en los pagos en línea, y el cobro de deudas tributarias se hará directamente desde las cuentas bancarias. Trabajadores por cuenta propia, mipymes y cooperativas quedarán bajo una vigilancia financiera reforzada, sin garantías claras de transparencia ni contrapesos.

En el plano monetario y cambiario, el programa oficializa una dolarización parcial de la economía. Se consolidan esquemas cerrados de autofinanciamiento en divisas para exportadores y otros actores privilegiados, inaccesibles para la mayoría de la población.

Aunque se fija como meta que el 90 % de la circulación mercantil minorista estatal sea en CUP y el 10 % en USD o MLC, se insiste en que los precios en la red en divisas sean “competitivos” con el exterior, es decir, altos.

Además, se define como objetivo que la “capacidad de absorción” de la economía supere en un 10 % los ingresos de la población, lo que equivale a reconocer que los precios y la oferta se colocarán por encima de los salarios, consolidando un escenario de escasez relativa permanente.

Bancarización forzada, castigo al sector privado y más represión social

El empuje hacia la bancarización refuerza esa lógica de control. El documento plantea “enfrentar enérgicamente” a quienes no acepten pagos digitales, incrementar los POS en el sector no estatal y diseñar nuevos productos bancarios para captar pasivos y forzar el uso de medios electrónicos.

Al mismo tiempo, introduce Letras de Regulación Monetaria para retirar efectivo de circulación y reducir la liquidez en manos de la población. En un país con apagones frecuentes y fallos tecnológicos, estas medidas pueden complicar la vida diaria y, además, dejan todos los movimientos financieros de ciudadanos y emprendedores bajo supervisión centralizada del sistema bancario estatal.

El tratamiento a los actores económicos no estatales confirma que el Estado los tolera solo como complemento subordinado. El programa prioriza el “control, seguimiento y evaluación sistemática” de mipymes y cooperativas, refuerza los sistemas de inspección para enfrentar supuestas “violaciones e ilegalidades” y dicta reglas para sus contratos con empresas estatales. Aunque se habla de encadenamientos productivos, el énfasis está en exigir, monitorear, imponer indicadores y disciplinar al sector privado, que queda sometido a la planificación central y no a las necesidades reales del mercado ni de los consumidores.

En el terreno de la seguridad y la defensa, el plan refuerza estructuras de control político. Se actualizan planes de “Tiempo de Guerra” y de “Puesta en Completa Disposición para la Defensa”, se consolidan brigadas de producción y defensa y destacamentos de respuesta rápida, y se insiste en la preparación ideológica para el servicio militar.

Paralelamente, se fortalecen los sistemas de seguridad y protección en organismos, empresas, gobiernos y misiones bajo la narrativa de enfrentar “amenazas” y “guerra no convencional”. En la práctica, recursos y cuadros se concentran en el control interno y la seguridad del Estado, mientras los servicios básicos siguen deteriorados.

El Objetivo General 8, dedicado a la “prevención y reducción del delito, la corrupción, las ilegalidades y las indisciplinas sociales”, consolida un enfoque punitivo y de orden público. La categoría de “indisciplinas sociales” es lo suficientemente ambigua como para abarcar desde la reventa de productos hasta la protesta pacífica, lo que abre la puerta a nuevas formas de persecución contra la disidencia y la economía informal de subsistencia.

El énfasis en la “prevención y enfrentamiento”, sin referencias a garantías procesales, transparencia ni derechos ciudadanos, apunta a la continuidad de un modelo de control social fuerte.

Incluso en el capítulo social se observan señales de retroceso. Se fija una pensión mínima equivalente apenas al 16 % de la canasta de bienes y servicios de referencia, lo que reconoce que los jubilados seguirán muy por debajo del costo de vida. La subvención estatal al presupuesto de la Seguridad Social se reduce al 5 %, y la protección se focaliza en personas y hogares “en situación de vulnerabilidad”, abandonando en la práctica el ideal de políticas universales.

Amplios segmentos de la población quedarán expuestos a tarifas más altas y precios sin compensación efectiva, mientras el PCC preserva intacto su protagonismo político y profundiza un modelo de austeridad, dolarización parcial y militarización de la gestión civil.