Elvis Amoroso, presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela, se encuentra en paradero desconocido desde hace diez semanas. La última vez que se le vio en público fue el pasado 5 de agosto, cuando asistió al Tribunal Supremo de Justicia para certificar la controvertida reelección de Nicolás Maduro como presidente de este país.
Amoroso respaldó un evidente fraude electoral contra el candidato opositor Edmundo González Urrutia, quien actualmente se encuentra exiliado en Madrid, España, pero pretende juramentar como Presidente Constitucional de Venezuela y Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional el próximo 10 de enero de 2025.
Las elecciones celebradas el 28 de julio han sido ampliamente rechazadas por la oposición venezolana y líderes internacionales, inclusive de izquierda, como los mandatarios Gabriel Boric, de Chile; Gustavo Petro, de Colombia; y Luiz Inácio Lula da Silva, de Brasil.
La oposición sostiene que los resultados anunciados por Amoroso no reflejan la voluntad popular, y varias organizaciones han señalado serias irregularidades en el proceso, como el Centro Carter, cuyos representantes tuvieron acceso a la nación sudamericana para ser observadores electorales.
Este centro presentó un informe ante la Organización de Estados Americanos (OEA), mostrando el 83.50% de las actas de escrutinio. Según estos documentos, González Urrutia habría ganado con al menos el 60% de los votos, lo que contradice los resultados oficiales.
Fuentes cercanas al Nuevo Herald han sugerido que Amoroso podría estar detenido en Fuerte Tiuna, un complejo militar en Caracas, por un intento de huida del país tras certificar la “victoria” del chavista. Hasta el momento, ninguna autoridad ha confirmado esta versión, lo que incrementa la incertidumbre.
El papel de Amoroso en el proceso electoral fue determinante. En una declaración televisada, aseguró que Maduro había sido reelegido con el 52% de los votos. No obstante, nunca presentó las actas de escrutinio que validaran esa afirmación.
En su discurso, también mencionó un supuesto ataque cibernético desde Macedonia que habría intentado alterar el sistema electoral venezolano, pero esta justificación ha generado más dudas que respuestas entre los observadores internacionales.
Otras fuentes señalan que una posible deserción o confesión del presidente del CNE sobre la manipulación de los resultados electorales, pondría en jaque la estabilidad política del país.
La situación ha sido comparada con la del exministro de Petróleo, Tareck El Aissami, quien fue arrestado de manera encubierta por el régimen bajo acusaciones de corrupción, en un contexto similar de opacidad.
