El segundo juicio contra Alejandro Gil Fernández, exministro de Economía y Planificación de Cuba, comenzó el pasado miércoles en La Habana, bajo un riguroso operativo de secretismo, informó el Diario de Cuba.
Gil se enfrenta a cargos por diez delitos, incluidos malversación y lavado de activos, en un proceso que, según fuentes desde la Isla, se celebra sin informar a la población. El caso incluye a más de diez acusados.
El segundo juicio contra Gil Fernández, al igual que el anterior en el que se le acusó de espionaje y fue relacionado con la CIA, tiene lugar en el Tribunal Popular de lo Civil y de lo Familiar de Marianao.
Según los informes, la sala de actos tuvo que ser reorganizada debido a la cantidad de acusados, lo que plantea interrogantes sobre el alcance del caso y las implicaciones políticas detrás de la acusación.
La información proporcionada por el abogado defensor, Abel Solá, ha sido escasa y, en algunos casos, ambigua, lo que ha alimentado la especulación sobre los procedimientos que se siguen.
Tres juristas cubanos consultados por dicho medio independiente, bajo condición de anonimato, han expresado preocupaciones sobre las violaciones al debido proceso y la falta de transparencia.
Según un abogado en ejercicio desde Villa Clara, la población tiene el derecho a conocer los detalles de un juicio de corrupción que involucra a una figura de tan alto perfil, especialmente cuando el proceso afecta a la dirección del país.
El hecho de que el tribunal no haya revelado las identidades de los demás acusados ni sus cargos es considerado una vulneración de los principios básicos del sistema judicial, como el control ciudadano sobre la actuación de los jueces y el derecho a conocer los argumentos de la defensa.
Los juristas también señalaron que la falta de acceso a la información y la posibilidad de observar la práctica de pruebas socavan la confianza en el sistema judicial cubano.
Un aspecto clave del juicio es su división en múltiples partes, lo que ha generado inquietud sobre la imparcialidad del proceso. La decisión de fraccionar el juicio, según los expertos, mina la credibilidad del sistema penal y pone en duda la equidad del juicio.
“El fiscal acusa por lo que le conviene y guarda o elimina lo que resulta incómodo”, advirtió un abogado sobre las posibles manipulaciones del proceso, subrayando la falta de autonomía del sistema judicial cubano.
Una jueza provincial que lleva más de 20 años en la administración de justicia señaló que el juicio contra el exfuncionario “apunta claramente a un fallo anticipado”. Según su experiencia, en Cuba el hermetismo procesal y las restricciones a la publicidad de los juicios son la norma, y no una excepción.
Esta falta de transparencia, explicó, responde a la lógica política del sistema, ya que Gil, como ministro, tuvo acceso a información clasificada. El Estado no permitirá que detalles sensibles se filtren públicamente, especialmente si involucran a figuras de alto nivel.
Abel Solá, el abogado defensor de Gil, ha sido descrito como un “brillante” profesional, pero las condiciones en las que se desarrolla su labor de defensa están severamente limitadas por el entorno restrictivo en el que trabaja.
Fuentes cercanas al defensor aseguran que su acceso a la información sobre el caso está limitado y la comunicación con otros colegas se ha vuelto casi imposible. Esto refleja el control que la seguridad del Estado ejerce sobre los abogados que manejan casos de alto perfil como el de Gil.
