Cientos de miles de inmigrantes irregulares en Estados Unidos quedarán sin derecho a audiencias de fianza durante sus procesos de deportación debido a una directriz impulsada por la administración de Donald Trump, según revela el diario The Washington Post.
El memorando establecido por Todd M. Lyons, director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), exige que estos inmigrantes permanezcan detenidos hasta que finalicen sus procedimientos migratorios, que podrían extenderse meses o años.
Por lo tanto, se insta a que los oficiales deberán retener a todos los inmigrantes que ingresaron ilegalmente al país y que enfrentan un proceso de deportación.
La medida afecta a millones de personas que cruzaron la frontera en las últimas décadas, incluyendo los que lo hicieron bajo la administración de Joe Biden. La decisión elimina una posibilidad fundamental que permitía a los migrantes esperar sus procesos judiciales en libertad mediante una fianza.
El documento, al que tuvo acceso The Washington Post, refleja la estrategia de la administración Trump para incrementar el número de detenciones. Expertos afirman que la intención es facilitar las deportaciones, pues es más sencillo expulsar a quienes permanecen bajo custodia de ICE.
Sin embargo, la nueva política choca con una realidad práctica. EEUU no cuenta con suficientes camas en los centros de detención para alojar a los migrantes afectados por esta medida. Esto genera dudas sobre cómo se aplicará en la práctica.
Otra polémica medida que acompaña esta directriz establece que ICE puede deportar a inmigrantes a países de los que no son ciudadanos, con solo seis horas de anticipación. En algunos casos, ni siquiera serán notificados previamente.
Según el memorándum, si las autoridades del país receptor no garantizan seguridad para los deportados, ICE solo está obligado a notificarles con 24 horas de antelación. En circunstancias urgentes, la notificación podría reducirse a seis horas.
De acuerdo con el periodista Daniel Benítez, abogados expertos en inmigración han calificado esta política de injusta y peligrosa. Señalan que es insuficiente el tiempo otorgado a los migrantes para evaluar el peligro al que podrían estar expuestos en los países receptores.
Además, aseguran que ICE estaría violando el derecho de los migrantes a una entrevista para determinar si tienen un miedo razonable a regresar al país asignado, un procedimiento establecido por las leyes estadounidenses.
Trump busca terceros países para deportar migrantes
La administración Trump ha intensificado sus esfuerzos diplomáticos para lograr acuerdos de deportación con al menos 58 países, con el objetivo de enviar a migrantes indocumentados con antecedentes criminales a países que no desean aceptarlos.
Entre los países que han aceptado deportados figuran Costa Rica, México, El Salvador, y Kosovo, mientras que las negociaciones continúan con naciones en Europa, África, Asia y América Latina.
Un caso particularmente polémico involucró a dos cubanos, Enrique Arias-Hierro y José Manuel Rodríguez-Quiñones, quienes fueron enviados a Sudán del Sur debido a la negativa del régimen cubano de aceptarlos, debido a sus graves antecedentes criminales. Ambos migrantes fueron arrestados en abril por ICE y acusados de delitos como homicidio, robo a mano armada y tentativa de asesinato.
