La embajada de los Estados Unidos en La Habana sigue sin obtener acceso consular a los ciudadanos estadounidenses implicados en el reciente tiroteo ocurrido frente a las costas de Villa Clara cunado las tropas guardafronteras del régimen castrista abrieron fuego contra una lancha procedente de la Florida con 10 cubanoamericanos a bordo.
Las autoridades del régimen comunista no han respondido a las solicitudes oficiales que piden información sobre los heridos que están en calidad de detenidos tras ser acusados de “terrorismo”.
De los 10 exiliados que viajaban a bordo de la lancha, cuatro fueron abatidos y murieron ese mismo día, mientras que otros seis sufrieron lesiones.
En las últimas horas una nota oficial del Ministerio del Interior (Minint) informó que una quinta persona falleció como consecuencias de las heridas de balas. Se trata de Roberto Álvarez Ávila, quien llegó a Estados Unidos a los 9 años.
Este joven sufrió un disparo en la cara y fue sometido a una traqueostomía, fue trasladado de manera inesperada de un hospital en Santa Clara a un destino desconocido donde finalmente falleció.
Entre las víctimas mortales también se encuentra Ledian Padrón Guevara, un joven de 25 años originario de una familia humilde y con padres sordomudos. La madre de Ledian, visiblemente afectada por la noticia, ha solicitado repetidamente que le entreguen el cuerpo de su hijo, pero hasta el momento las autoridades cubanas se han negado.
Otro caso que ha generado preocupación es el de Conrado Galindo Sariol, quien pudo realizar una breve llamada a su hermana en Cuba, pero estaba acompañado de un agente de la seguridad del Estado que le impidió hablar sobre sus heridas o el tiroteo.
La falta de transparencia sobre lo sucedido ha generado un clima de incertidumbre en las familias de los involucrados, quienes no saben si sus seres queridos tienen acceso a representación legal o a ayuda consular.
Las autoridades de EEUU han expresado su preocupación por la falta de cooperación del régimen cubano, que impide esclarecer los hechos. El Departamento de Estado de EEUU ha insistido en la necesidad de conocer la verdad sobre lo ocurrido en Villa Clara.
Analistas aseguran que los exiliados involucrados en el incidente fueron víctimas de una trampa y piden un acceso libre a la información y la asistencia consular para poder proteger los derechos de los detenidos.
