Alvin Parag, un empresario de 49 años, se enfrenta a graves acusaciones de tráfico de personas tras su detención preventiva en Guyana. La denuncia involucra a una cubana de 31 años, cuya identidad no ha sido revelada por las autoridades de la nación sudamericana.
Los hechos, según la fiscalía, ocurrieron entre el 29 de marzo y el 7 de junio de 2025, en la localidad de Diamond, ubicada en la ribera este del río Demerara, en Georgetown.
Parag, conocido por su residencia en los sectores de Diamond Housing Scheme y Alberttown, fue arrestado el 19 de septiembre y presentado en una audiencia judicial ante la magistrada Judy Latchman en el Tribunal de Magistrados de Diamond.
Durante la sesión, el empresario se declaró inocente de las acusaciones, pero la fiscalía presentó pruebas que argumentaban en contra de su liberación bajo fianza.
La fiscalía insistió en que el sujeto debía permanecer detenido mientras avanza la investigación, solicitud que fue aceptada por la magistrada Latchman. Esta decisión se produjo a pesar de que Parag había solicitado ser liberado bajo fianza. La audiencia continuará el 6 de octubre, cuando se presentarán más declaraciones y se divulgarán nuevas pruebas en el caso.
El tráfico de personas es un delito grave que ha venido preocupando a Guyana en los últimos años. A pesar de ser un destino para aquellos que buscan oportunidades económicas, la nación caribeña ha sido escenario de numerosos casos de explotación, especialmente dirigidos a inmigrantes, incluidos cubanos.
Las autoridades guyanesas han reiterado su compromiso con la lucha contra el tráfico de personas, un delito que afecta a varias comunidades, tanto locales como extranjeras.
Conforme a la legislación vigente en Guyana, las sanciones para delitos de tráfico de personas son severas. Según la Ley de Tráfico de Personas local, aquellos encontrados culpables de este delito pueden enfrentar hasta 25 años de prisión.
Las personas condenadas también pueden ser multadas con sumas considerables, las cuales varían dependiendo de las circunstancias del caso y el daño causado a las víctimas.
Además de estas sanciones, las autoridades pueden imponer restricciones adicionales como la confiscación de bienes obtenidos de actividades ilegales. El caso de Alvin Parag podría resultar en una pena severa si las pruebas en su contra son concluyentes.
