En un contexto de aguda crisis económica, las autoridades del régimen castrista aprovecharon la celebración de la Feria Internacional de La Habana (FIHAV 2025) para anunciar nuevas flexibilizaciones con el objetivo de atraer más inversión extranjera.
El viceprimer ministro, titular de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera y sobrino-nieto del fallecido dictador Fidel Castro, Oscar Pérez-Oliva Fraga, presentó estas medidas, destacando el esfuerzo por simplificar y agilizar los procesos para los inversionistas.
Según la versión oficial, la estrategia es reducir la burocracia y facilitar la llegada de capital extranjero. Entre las principales medidas destaca la sustitución de los estudios técnico-económicos por un plan de negocios, que permitirá una evaluación más rápida de las propuestas.
Además, se reducirán los plazos de evaluación por los organismos gubernamentales de 15 a 7 días, y se implementará el criterio de “silencio positivo”, lo que significa que si una entidad no responde en el plazo previsto, se dará por hecho que está de acuerdo con la propuesta.
También se flexibilizarán los documentos constitutivos de las empresas extranjeras, exigiendo solo los necesarios según el tipo de negocio, lo que simplifica el proceso de creación de empresas en la isla.
Otra de las decisiones más destacadas es la posibilidad de que las empresas extranjeras puedan comercializar de manera mayorista sus productos y servicios a cualquier actor económico nacional que tenga capacidad de pago.
También se permitirá el acceso sin restricciones a la compra de combustible en divisas, con la opción de importar directamente el combustible cuando sea necesario. Estas medidas buscan hacer más competitiva la inversión extranjera y darle mayores márgenes de operación en el país.
Por otra parte, se ofrecerán incentivos como la posibilidad de poner a disposición de los inversionistas activos nacionales o instalaciones productivas subutilizadas. Este modelo permitiría que los inversionistas gestionen estos activos, generen ganancias y, tras un período de tiempo acordado, los devuelvan al Estado.
En cuanto a la inversión financiera, se anunciaron medidas para dar mayor autonomía a las empresas extranjeras, permitiendo que operen tanto en divisas como en moneda nacional (CUP).
Se incentivará a las empresas a que busquen fuentes de ingresos externos, como las exportaciones o la generación de divisas en el mercado nacional. Además, se facilitará la creación de cuentas bancarias en el exterior para recibir ingresos externos, lo que permitirá una mayor flexibilidad y competitividad.
Uno de los anuncios más importantes fue el compromiso de eliminar el requisito de presentar un estudio de factibilidad para la aprobación de nuevos negocios, lo que será sustituido por la presentación de un plan de negocios. De esta manera, se busca simplificar el proceso y permitir que los inversionistas puedan comenzar sus operaciones de manera más ágil.
La inversión extranjera en el sector turístico también recibirá un impulso importante. Se ha propuesto la posibilidad de arrendar instalaciones turísticas a empresas extranjeras, que podrán gestionar estos establecimientos bajo la modalidad de capital totalmente extranjero, con todos los beneficios de la Ley de Inversión Extranjera. Esto permitirá que las empresas inicien operaciones en un plazo máximo de 60 días.
En cuanto a la fuerza laboral, el gobierno también planea ofrecer mayor flexibilidad en la contratación, permitiendo que el inversionista extranjero tenga mayor libertad para seleccionar y contratar a su personal. Además, se permitirá el pago de gratificaciones en divisas con cargo a las utilidades, lo que podría mejorar la remuneración de los trabajadores en el sector privado.
Asimismo, Oscar Pérez-Oliva Fraga dijo que se mantiene la decisión de crear nuevas “zonas especiales de desarrollo”, que, aunque no tengan el alcance del Mariel, se enfocarán en sectores específicos como la inmobiliaria o los parques tecnológicos.
A pesar de todos los anuncios, el sistema económico comunista sigue siendo centralizado y restrictivo, lo que limita la autonomía empresarial y dificulta la toma de decisiones rápidas. La falta de un marco legal estable y transparente genera incertidumbre sobre la protección de inversiones, y el control estatal sobre la mayoría de los sectores limita la competencia.
Además, la permanencia de sanciones por parte de Estados Unidos, las restricciones en el acceso a divisas y las dificultades para realizar transacciones internacionales pueden impactar negativamente en la rentabilidad de cualquier negocio que se desarrolle en la Isla. La infraestructura deficiente, la escasez de recursos y la falta de un mercado laboral competitivo también representan desafíos importantes.
