A partir del 1 de julio de 2025, el gobierno cubano implementará cambios en la forma de pago de las facturas de electricidad y teléfono que la población habitualmente efectuaba en efectivo.
Según una información oficial del Banco Metropolitano que solo tiene presencia en La Habana, todos los que acudían a sus sucursales a pagar con efectivo las deudas con la Empresa Eléctrica y Etecsa no podrán hacerlo. Ahora para saldar el adeudo deben dirigirse a las oficinas de Correos de Cuba
Única exención
El Banco Metropolitano hará una única exención con los adultos mayores que son sus clientes. “De manera excepcional podrán hacer los pagos de estas facturas los jubilados y pensionados que cobran en las sucursales bancarias durante los días habilitados del Calendario Oficial de Pago, pero solo durante estos días”, indica la nota.
El objetivo de la medida es disminuir el uso de efectivo como parte de la campaña de bancarización forzada que implementa el gobierno desde hace meses.
“Sugerimos a nuestros clientes, continuar fomentando el uso de canales digitales Transfermóvil, Enzona, Metropolitana en Línea, Telebanca y Cajeros Automáticos para realizar los pagos de estos servicios”, explica la institución bancaria.
Bancarización forzada no tiene en cuenta a sectores vulnerables
La política de bancarización forzada implementada por el gobierno cubano busca transformar el sistema financiero del país, promoviendo el uso de canales electrónicos para pagos y cobros.
Sin embargo, esta transición ha sido criticada por su enfoque autoritario y por no considerar adecuadamente las realidades sociales y económicas de la población. El gobierno ha establecido medidas que obligan a los ciudadanos a realizar transacciones electrónicas, limitando el uso de efectivo en operaciones superiores a 5.000 pesos cubanos, lo que ha generado preocupación sobre la accesibilidad y equidad del sistema.
Uno de los sectores más afectados por esta política son los adultos mayores, quienes enfrentan múltiples barreras para adaptarse a la bancarización. Muchos de ellos carecen de acceso a teléfonos inteligentes o a una conexión estable a internet, y poseen conocimientos limitados en el uso de tecnologías digitales.
Además, la falta de infraestructura adecuada, como cajeros automáticos funcionales y puntos de acceso a efectivo, agrava la situación. En municipios donde la conectividad es limitada o inexistente, la imposición de la bancarización se convierte en una barrera insuperable para muchas personas.
Esta situación refleja una desconexión entre las políticas gubernamentales y las necesidades reales de la población, especialmente de los sectores más vulnerables. La bancarización, en lugar de ser una herramienta de inclusión financiera, se ha convertido en un mecanismo de exclusión social.
