Nicaragua sería expulsada del Tratado de Libre Comercio con Centroamérica (CAFTA, por sus siglas de inglés), a causa de su gobierno autoritario e irracionales políticas hacia sus ciudadanos, informó Telemundo 51.
La expulsión y fin del acuerdo, vigente desde 2006, será definida mediante una investigación de la Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos. De concretarse, la nación centroamericana tendría un impacto devastador en su economía, que en gran parte depende de las exportaciones hacia territorio estadounidense.
El desarrollo de la investigación encuentra argumento en la violatoria a los derechos laborales y libertades fundamentales por parte de la administración de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo. Asimismo, se percibe una restricción de libertades fundamentales y debilitamiento del Estado de derecho.
Las sanciones propuestas podrían incluir la suspensión total de los beneficios del CAFTA, así como la imposición de aranceles de hasta el 100% sobre las exportaciones nicaragüenses.
Según Eliseo Núñez, analista político nicaragüense, la caída económica sería casi irreversible: “Es básicamente una caída en picada del país, porque, a diferencia de Venezuela, Nicaragua no tiene petróleo ni minerales grandes que puedan compensar la pérdida de exportaciones o la falta de competitividad”.
Juan Sebastián Chamorro, economista y expreso político nicaragüense, también resaltó que las consecuencias de esta medida serían dramáticas para la economía nacional. “Definitivamente, van a sacar de la capacidad de ser competitivo a Nicaragua frente a otros países de la región, incluso de otras partes del mundo”, aseguró.
Más del 60% de las exportaciones de Nicaragua tienen como destino a EEUU. De emitirse las sanciones, los sectores más afectados serían productos como el café, los textiles, el tabaco y carnes.
Las zonas francas, que representan el 20% de todos los cotizantes al sistema de pensiones del país, también se verían severamente impactadas. Núñez advierte que un cierre masivo de estas zonas podría causar el colapso del sistema de pensiones.
Ante esta situación, Washington ha abierto un periodo de consulta pública que finalizará el 19 de noviembre, antes de emitir una decisión final. La medida podría aplicarse de forma inmediata o gradual durante los próximos 12 meses, lo que deja a Nicaragua en un estado de incertidumbre económica.
El régimen de Ortega y Murillo ha consolidado su poder en Nicaragua. Mediante una reforma legal, la Asamblea Nacional aprobó una medida que permite a Murillo asumir el mando del Ejército del país.
Cabe recordar que ella también fue nombrada copresidenta de Nicaragua el pasado mes de enero, como resultado de una reforma a 148 de los 198 artículos constitucionales de esta nación. Previamente, tenía el cargo de vicepresidenta.
