El Gobierno de Estados Unidos recientemente sancionó a tres de las principales estructuras represivas del régimen cubano por su participación en la vigilancia, intimidación y represión de opositores y manifestantes en la Isla.
El Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés) informó que las medidas forman parte de la estrategia de la Administración de Donald Trump para enfrentar las actividades del Gobierno de La Habana dentro de Cuba y en el hemisferio.
Las designaciones fueron adoptadas bajo la Orden Ejecutiva 14404, que autoriza sanciones contra personas y entidades vinculadas con la represión en Cuba, así como con actividades que Washington considera una amenaza para su seguridad nacional y su política exterior.
La decisión ocurre después del quinto aniversario de las protestas del 11 de julio de 2021, cuando miles de cubanos salieron a las calles para exigir libertad, alimentos, medicinas y cambios políticos. Las manifestaciones fueron sofocadas mediante arrestos masivos, golpizas y procesos judiciales que dejaron cientos de presos políticos.
El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó en una declaración divulgada el 11 de julio que EEUU continuará utilizando los mecanismos disponibles para responder a las amenazas atribuidas al régimen comunista cubano y promover reformas económicas y políticas en la Isla.
Entre las entidades sancionadas figuran las Milicias de Tropas Territoriales, conocidas como MTT. El DOS las describió como una fuerza paramilitar de tiempo parcial subordinada al Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, organismo que ya se encontraba bajo sanciones estadounidenses.
Las MTT fueron creadas para apoyar a las Fuerzas Armadas y movilizar a la población en tareas de defensa, vigilancia y control territorial. Washington considera que forman parte del aparato utilizado por el régimen para asegurar el dominio político y responder ante protestas o escenarios de inestabilidad interna.
También fueron designadas las Brigadas de Respuesta Rápida, grupos civiles parapoliciales organizados y entrenados por el gobierno cubano. Estas estructuras han sido señaladas durante décadas por participar en actos de repudio, agresiones contra disidentes, cercos a viviendas y operaciones destinadas a impedir protestas pacíficas.
La Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana fue incluida por estar controlada por el régimen y actuar en su nombre. Según el DOS, la organización es supervisada por las Fuerzas Armadas y realiza labores de vigilancia contra disidentes bajo las órdenes del Ministerio del Interior.
Como consecuencia de las medidas, todas las propiedades e intereses de las entidades sancionadas que se encuentren en EEUU o estén bajo control de personas estadounidenses deben permanecer bloqueados y ser reportados a la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro.
La prohibición alcanza también a cualquier compañía que sea propiedad, de manera individual o colectiva, en un 50% o más de una entidad bloqueada. Las personas y empresas estadounidenses no podrán realizar transacciones, prestar servicios ni entregar fondos o bienes a los sancionados, salvo que exista una licencia o excepción de la OFAC.
El gobierno estadounidense advirtió además que bancos, compañías y personas extranjeras que mantengan operaciones con las entidades designadas podrían exponerse a sanciones. El riesgo se extiende a negocios relacionados con los sectores cubanos de seguridad, defensa, energía, minería, metalurgia y servicios financieros.
El DOS sostuvo que la finalidad de las sanciones no es únicamente castigar, sino modificar la conducta de las entidades señaladas. Las designaciones podrán ser revisadas si los sancionados demuestran cambios que justifiquen su exclusión de la lista. Entretanto, las medidas elevan la presión sobre los instrumentos utilizados por el régimen cubano para vigilar, intimidar y contener el descontento social.
