La administración de Donald Trump estaría evaluando una estrategia para forzar cambios políticos en Cuba sin desmantelar de inmediato toda la estructura estatal del régimen, esto según un reciente reporte del The New York Times.
En días anteriores, se dio a conocer que Washington ha pedido a sus agencias de inteligencia localizar a funcionarios actuales o antiguos que puedan asumir responsabilidades si la presión estadounidense provoca una fractura en la cúpula de La Habana.
La fórmula ha sido resumida como “más una alteración del régimen que un cambio de régimen”. La diferencia apunta a una transición en la que parte del aparato existente permanecería operando mientras cambia el núcleo que concentra el poder y su relación con Estados Unidos.
EEUU mira el modelo aplicado en Venezuela
El referente sería Venezuela. Tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses en enero de 2026, Delcy Rodríguez asumió interinamente la presidencia y buena parte de la maquinaria administrativa, militar y judicial continuó funcionando. Washington encontró en ella una interlocutora con la que posteriormente restableció relaciones diplomáticas.
Ese esquema evita que la salida de una cúpula política arrastre de forma inmediata ministerios, tribunales, bancos, policías, empresas públicas y otras dependencias necesarias para el funcionamiento cotidiano.
En Cuba, la operación resultaría más compleja por la estrecha conexión entre el Estado, el Partido Comunista, las Fuerzas Armadas, el Ministerio del Interior y los conglomerados empresariales bajo control militar.
Los nombres que aparecen en los cálculos de EEUU
El Times señala que entre las figuras que podrían resultar aceptables para determinados funcionarios estadounidenses aparecen el ministro del Interior, Lázaro Alberto Álvarez Casas, y Raúl Guillermo Rodríguez Castro, “El Cangrejo”, nieto de Raúl Castro. El periódico no sostiene que alguno haya sido escogido para gobernar ni que exista una decisión definitiva de Washington, sino que son los nombres que aparecen con relativa frecuencia.
Ambos estuvieron entre los funcionarios con los que se reunió en La Habana el director de la CIA, John Ratcliffe, durante una visita realizada en mayo. Álvarez Casas, además, ha sido sancionado por Estados Unidos por su responsabilidad al frente del Ministerio del Interior, organismo señalado por Washington por graves violaciones de derechos humanos.
Una transición interna no garantiza democracia
Mantener temporalmente sectores del aparato estatal puede disminuir el riesgo de un vacío institucional, pero no supone por sí solo una apertura democrática. Sustituir a la cúpula por dirigentes formados dentro del mismo sistema podría conservar mecanismos de control político, represión y concentración económica bajo otros nombres.
Por ello, la cuestión decisiva no sería únicamente quién reemplazaría a los actuales dirigentes. También implicaría determinar qué instituciones continuarían funcionando, cuáles serían reformadas, qué estructuras deberían desaparecer y cómo se garantizarían derechos políticos, competencia electoral y límites efectivos al poder.
La búsqueda de posibles interlocutores dentro del propio régimen indica que la Casa Blanca contempla el escenario posterior a una eventual ruptura en La Habana. Más allá de aumentar la presión económica y política, Washington estaría tratando de responder una pregunta que puede definir cualquier transición: quién administraría Cuba al día siguiente y bajo qué reglas.
