El excongresista republicano por Miami David Rivera y la consultora política Esther Nuhfer fueron declarados culpables este viernes por un jurado federal en un caso vinculado a una campaña secreta de cabildeo de 50 millones de dólares en favor del régimen de Nicolás Maduro.
La condena incluye cargos por no registrarse como agentes extranjeros ante el Departamento de Justicia y conspiración para lavar dinero, durante la primera administración de Donald Trump.
La relación entre Rubio y Rivera
El juicio contó con una declaración del actual secretario de Estado, el cubanoamericano Marco Rubio, quien fue muy allegado a Rivera. Ambos compartieron una vivienda en Tallahassee cuando eran legisladores estatales en Florida.
También declaró el congresista por Texas Pete Sessions y un conocido lobista de Washington. Todos se dijeron sorprendidos al conocer el contrato de consultoría de Rivera con la filial de PDVSA.
Juicio de siete semanas
Durante siete semanas se presentaron las pruebas donde se expuso el papel de Miami como punto de conexión para operaciones de influencia extranjera dirigidas a modificar la política de Washington hacia América Latina.
El caso resulta sensible para el exilio cubano y venezolano del sur de Florida, donde el discurso anticomunista convive con redes políticas, empresariales y de cabildeo que, según los fiscales, fueron utilizadas para favorecer a un régimen acusado de graves violaciones de derechos humanos.
Rivera, antiguo legislador estatal de Florida y exmiembro del Congreso, fue hallado culpable junto a Nuhfer en todos los cargos.
La acusación sostiene que ambos participaron en gestiones políticas no declaradas para intentar suavizar la postura de la Casa Blanca hacia Caracas, en momentos en que el gobierno de Maduro enfrentaba sanciones y una presión creciente por parte de Estados Unidos.
De acuerdo con la Fiscalía, Rivera fue contactado por la entonces canciller Delcy Rodríguez para usar sus vínculos republicanos y abrir puertas en Washington.
El objetivo habría sido persuadir a funcionarios y legisladores cercanos a Trump para abandonar la línea dura contra Caracas y facilitar un acercamiento con el chavismo, bajo la cobertura de un contrato comercial con PDV USA, filial estadounidense de la petrolera estatal venezolana PDVSA.
Los fiscales afirmaron que Rivera y Nuhfer ocultaron su trabajo porque admitirlo habría destruido la imagen política del excongresista como un firme opositor al comunismo.
Durante los alegatos finales, el fiscal Roger Cruz sostuvo que los acusados mantuvieron un “secreto masivo” mientras recibían pagos vinculados a Caracas. También dijo que, mientras el dinero siguiera llegando, no les importó su origen.
Recibieron dinero de Venezuela
La acusación presentó mensajes de un chat cifrado llamado MIA, en referencia a Miami, donde Rivera se comunicaba con el empresario venezolano Raúl Gorrín, señalado después en Estados Unidos por presuntos sobornos a altos funcionarios venezolanos.
En esos intercambios, según los fiscales, se usaban palabras clave: Maduro era “el chofer del autobús”, Sessions era “Sombrero”, Rodríguez era “La Dama de Rojo” y los millones de dólares eran “melones”.
La Fiscalía también sostuvo que los acusados intentaron encubrir pagos mediante documentos fechados con posterioridad y acuerdos ficticios. Uno de esos movimientos habría servido para justificar una transferencia de 3.75 millones de dólares a una empresa del sur de Florida vinculada al mantenimiento de un yate de lujo de Gorrín.
Los abogados de Rivera y Nuhfer rechazaron la versión del gobierno. Afirmaron que sus clientes actuaron de buena fe y que no estaban obligados a registrarse como agentes extranjeros porque el contrato se centraba en asuntos comerciales, en particular en atraer de nuevo a ExxonMobil a Venezuela.
