El gobierno cubano exhibió en la televisión estatal declaraciones incriminatorias de los detenidos tras el intento de desembarco de febrero en Villa Clara, sin garantías independientes sobre las condiciones en que fueron grabadas.
Los testimonios, obtenidos bajo custodia del Ministerio del Interior (MININT), presentan una versión del hecho, cuyo saldo fue la muerte de cinco personas y el mismo número de sobrevivientes.
El reportaje atribuye a los sobrevivientes planes para atacar instalaciones militares, distribuir armas y promover un levantamiento. Sin embargo, Associated Press, que recibió grabaciones de las autoridades, advirtió que no pudo verificar su contenido ni las circunstancias en que declararon los prisioneros.
Amnistía Internacional documentó en 2024 testimonios de al menos 20 activistas que denunciaron amenazas de cárcel y presiones para grabar y firmar declaraciones autoincriminatorias.
Existe además un precedente específico dentro de este caso. CubaNet informó que cuatro detenidos fueron entrevistados en julio, antes de la actual difusión televisiva, con presencia del fiscal y sin sus abogados.
En el material difundido ahora, uno de los sobrevivientes identifica a Maritza Lugo Fernández, residente en Florida y dirigente del Partido Democrático 30 de Noviembre “Frank País”, como principal organizadora.
El reportaje sostiene que desde hace años reúne personas para ejecutar acciones contra el gobierno cubano. Estas imputaciones carecen de pruebas y solo tienen respaldo en las declaraciones, posiblemente bajo coacción, de los detenidos.
Cristian Ernesto Acosta Guevara menciona en las confesiones al grupo Autodefensa del Pueblo, identificado como ADP. Según su relato, durante su primer encuentro con sus integrantes observó armas y chalecos antibalas. Los testimonios también describen prácticas de tiro en una finca de Florida y contactos mediante redes sociales, entre ellas TikTok.
La televisión mostró imágenes presentadas como registros de los implicados comprando armas en EEUU y reparando la embarcación utilizada para viajar a Cuba. Las imágenes requieren comprobaciones sobre su origen, fecha, contexto y relación con los delitos atribuidos.
La exhibición de armamento o preparativos de una embarcación, por sí sola, no acredita todos los objetivos políticos y militares que el reportaje adjudica a los detenidos ni demuestra la responsabilidad de terceros.
Los testimonios sostienen que pretendían crear una red de apoyo dentro de Cuba e introducir armas desde EEUU. También mencionan el reclutamiento de 13 personas. Esa cifra aparece vinculada a los preparativos y debe distinguirse de los diez tripulantes que, según las autoridades, viajaron en la lancha interceptada.
La misión descrita consistía en tomar instalaciones militares, entregar armamento a la población y promover una rebelión que motivara una intervención estadounidense. Entre los supuestos objetivos en Matanzas figuraban una unidad de Guardafronteras y una dependencia policial. Esas intenciones permanecen atribuidas a las declaraciones divulgadas por el aparato estatal.
El enfrentamiento ocurrió el 25 de febrero en la costa de Villa Clara. Los cuatro fallecidos inicialmente identificados fueron Pavel Alling Peña, Michael Ortega Casanova, Ledián Padrón Guevara y Héctor Duani Cruz Correa. Sus nombres fueron recogidos por medios independientes tras conocerse el incidente.
Roberto Álvarez Ávila fue la quinta víctima mortal. El MININT informó que murió el 4 de marzo por las heridas recibidas. Los sobrevivientes son Cristian Ernesto Acosta Guevara, Conrado Galindo Sariol, José Manuel Rodríguez Castelló, Leordán Cruz Gómez y Amijail Sánchez González.
Las autoridades aseguraron haber confiscado 134 cargadores, 12.846 cartuchos, fusiles, pistolas, un dron con dos cámaras, equipos de comunicación, cuchillos de combate y una planta eléctrica portátil.
El Tribunal Supremo Popular explica que distintos delitos de terrorismo contemplan penas de diez a treinta años, y determinadas figuras permiten prisión perpetua o muerte.
