La organización Prisoners Defenders denunció este fin de semana la muerte del preso político cubano Luis Miguel Oña Jiménez, de 27 años, tras cuatro años en prisión por su participación en las protestas de las Protestas del 11 de julio en Cuba.
Según el reporte, el joven falleció días después de recibir una licencia extrapenal, una figura legal aplicada cuando un recluso presenta un cuadro de salud irreversible.
El caso reabre el debate sobre la atención médica en las cárceles cubanas y el tratamiento a quienes fueron procesados por aquellas manifestaciones.
La ONG informó que Oña Jiménez cumplía una condena de 12 años por sedición, uno de los delitos más utilizados contra manifestantes del 11J.
Estaba recluido en la prisión de Panamá, en el municipio de Güines, provincia Mayabeque. De acuerdo con la denuncia, el joven, paciente de VIH/SIDA, sufrió una isquemia mientras se encontraba bajo custodia.
Esa afección le provocó pérdida de movilidad en la boca, manos y pies. Tras su hospitalización, médicos lo dieron de alta sin expectativas de recuperación y fue trasladado a su vivienda, donde murió tres días después.
Prisoners Defenders sostuvo que la licencia extrapenal se concedió cuando el deterioro físico ya era crítico. Para la organización, este procedimiento evita que el fallecimiento ocurra dentro de un centro penitenciario.
En su comunicado afirmó: “Con Luis Miguel, el régimen cubano se lleva otra vida”. La entidad añadió que el expediente del joven formaba parte de los casos documentados tras las protestas de 2021, cuando cientos de personas recibieron sanciones severas por delitos como desórdenes públicos, atentado y sedición.
La noticia circuló junto a un audio difundido por la madre del joven, Ivón Jiménez, quien confirmó la muerte. En la grabación expresó su desconcierto: “¿Cómo es posible que un muchacho de 27 años termine así por salir a manifestarse?”.
Su testimonio generó reacciones entre activistas y familiares de otros reclusos, que vincularon el caso con denuncias previas sobre falta de atención sanitaria en prisión.
Organizaciones de derechos humanos han señalado de forma reiterada problemas estructurales en el sistema penitenciario cubano, entre ellos hacinamiento, demoras en el acceso a especialistas y carencias de medicamentos.
En ese contexto, la muerte de Oña Jiménez vuelve a colocar el foco en la situación de los presos vinculados al 11J, considerado un punto de quiebre en la historia reciente de la isla por la magnitud de las protestas y la respuesta judicial posterior.
Para la familia, el fallecimiento trasciende el debate legal. Representa la pérdida de un joven que, según allegados, enfrentaba una condena extensa mientras lidiaba con una enfermedad crónica.
El caso se suma a un registro de denuncias que apuntan al costo humano de la represión política. Mientras continúan las reacciones, su historia alimenta una discusión abierta sobre responsabilidades estatales, garantías sanitarias y el tratamiento de la disidencia en Cuba.
Sobre la dictadura cubana se cuenta y no se acaba. Muchas consignas sobre la Patria, sobre la Dignidad y matando a jóvenes que son la semilla de la verdadera Patria y que no son escuchados pidiendo un País inclusivo y Libre. Asesinos!!!!!!!!