Una decisión de una corte federal de Texas comenzó a modificar el panorama para inmigrantes con parole que enfrentan procesos de deportación en Estados Unidos, incluidos cubanos que ingresaron mediante citas de la antigua aplicación CBP One.
El fallo ya tiene efectos en tribunales de inmigración de Miami, donde algunos jueces comenzaron a rechazar solicitudes para cerrar o suspender casos bajo las reglas que existían desde 2024.
La sentencia anuló una regulación impulsada durante la administración de Joe Biden que otorgaba mayores facultades a los jueces de inmigración y a la Junta de Apelaciones de Inmigración para detener temporalmente o terminar determinados procedimientos. La decisión tiene alcance nacional y no se limita al estado de Texas.
Un juez de inmigración en Miami habría utilizado el nuevo criterio para negar una solicitud de cierre o terminación, una señal de que la resolución federal ya comenzó a aplicarse en el sur de Florida.
La corte de Texas eliminó una herramienta utilizada por inmigrantes
El fallo fue emitido el 22 de junio de 2026 por el juez federal Reed O’Connor en el proceso State of Texas v. United States Department of Justice. La resolución dejó sin efecto la norma conocida como Efficient Case and Docket Management in Immigration Proceedings, aprobada en 2024.
El tribunal concluyó que el Departamento de Justicia excedió sus atribuciones y determinó que los jueces de inmigración no tienen autorización legal para mantener casos suspendidos de forma indefinida sin una decisión final.
La sentencia también impide que el Departamento de Justicia implemente una regulación similar en el futuro sin una aprobación específica del Congreso. Texas y el gobierno federal aceptaron el acuerdo judicial y desistieron de presentar una apelación.
Antes de este cambio, el cierre administrativo permitía retirar temporalmente un expediente del calendario de la corte mientras el inmigrante esperaba otro trámite, como una petición familiar, una visa humanitaria o una solicitud de residencia ante USCIS.
La terminación del caso era una medida diferente, ya que cerraba el proceso ante el juez, aunque el gobierno podía iniciar posteriormente otro procedimiento si existían fundamentos legales.
Cubanos que llegaron con CBP One podrían enfrentar más dificultades
El abogado de inmigración Ismael Labrador explicó que la decisión afecta especialmente a personas que fueron admitidas con parole y tienen casos abiertos ante una corte migratoria.
Entre los posibles afectados están cubanos que utilizaron CBP One para obtener una cita en la frontera, recibieron permisos temporales de 60 días o un año, o ingresaron bajo otras modalidades de autorización humanitaria.
En algunos expedientes, los abogados buscaban cerrar los procedimientos judiciales para que sus clientes pudieran continuar trámites ante USCIS, incluyendo solicitudes amparadas en la Ley de Ajuste Cubano.
La eliminación de la norma de 2024 no significa que todos los cubanos con parole perderán sus opciones migratorias ni que quienes entraron mediante CBP One serán deportados automáticamente. Sin embargo, reduce una vía procesal que facilitaba avanzar ciertos casos fuera de la corte.
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Expertos recomiendan revisar cada expediente migratorio
CBP One funcionaba como una plataforma para solicitar citas en puntos fronterizos, pero la aplicación por sí sola no determinaba la situación migratoria de una persona. El tipo de parole recibido, la duración del permiso, los documentos entregados y la notificación de comparecencia influyen en cada caso.
La sentencia tampoco ordena reabrir de inmediato todos los expedientes que fueron cerrados anteriormente. El Departamento de Seguridad Nacional podría pedir la reactivación de algunos casos y las cortes pueden emitir nuevas citaciones según las circunstancias.
Los inmigrantes afectados deben revisar el estado de sus procesos en el sistema EOIR, mantener actualizada su dirección ante las autoridades y conservar documentos relacionados con su entrada al país.
Aunque la decisión limita una herramienta utilizada por abogados migratorios, cada caso deberá analizarse de manera individual. Algunas personas todavía podrían contar con alternativas como ajustes de estatus, solicitudes ante USCIS, defensas contra la deportación u otros recursos disponibles bajo la ley.
