La activista Aimara Nieto Muñoz quien permanece en una celda de castigo de la prisión de Mujeres de Manatí, en Las Tunas, fue golpeada por carceleros de ese centro.
La denuncia la realizó su esposo, el expreso político Ismael Boris Reñí, quien señaló que la familia se enteró gracias a que dos reclusas de esa cárcel les avisaron este 3 de junio, en diferentes horarios.
Primero llamó una de las reclusas, “muy asustada”, para decirle que la tenían en celda de castigo “y que estaba viva”, relató el opositor a Radio Martí.
Alrededor de dos horas después, Boris Reñí recibió la llamada de otra detenida, quien le confirmó que dentro del lugar donde la tenían la habían golpeado.
Este jueves, el activista Claudio Fuentes, líder de una campaña en redes sociales para exigir la libertad de los presos políticos cubanos, también denunció el hecho.
“Aimara Nieto Muñoz, hoy ya son 32 días en celda de castigo y fue golpeada, según reporta una interna que logró comunicarse con su familia”, escribió.
La pasada semana, tras más de 20 días sin recibir llamadas telefónicas de Nieto Muñoz, Reñí y la madre de la activista acudieron a las oficinas del Ministerio del Interior (MININT), en La Habana, para indagar sobre su situación.
Ahí un oficial les dijo que desde la prisión en Las Tunas le aseguraron que no estaba confinada, pero que tenía una medida de castigo de 30 días sin usar el teléfono.
“Me mintieron cuando aseguraron que ella no había sido castigada”, recalcó el activista, quien recuerda los métodos violentos y represivos que usan los carceleros en las prisiones de la Isla contra los presos políticos. “Sé de lo que son capaces”, aseveró.
Aimara Nieto Muñoz, miembro de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), fue sentenciada en 2018 a cuatro años de cárcel por los delitos de atentado, daño y desacato.
La UNPACU denunció que la activista cumple por segunda ocasión una injusta sanción política.
En marzo pasado fue trasladada desde la prisión de mujeres del Guatao en La Habana, hacia la cárcel de Manat en Las Tunas, donde cumplirá los dos años que le restan de la sanción, a solo 600 Kilómetros de su lugar de residencia.
La familia ha denunciado las medidas arbitrarias que se han aplicado contra la prisionera política desde su ingreso en esa cárcel, como impedir que amigos en esa provincia le hagan llegar alimentos y otros enseres que, por las prohibiciones de viaje en el país por el coronavirus, no pueden llevar sus familiares desde La Habana.
