Familias son separadas en las puertas de la corte de migración en Miami

Videos divulgados en redes sociales han vuelto a centrar la atención en la política migratoria impulsada por el presidente Donald Trump, especialmente en lo referente a la separación forzada de familias. Las imágenes muestran escenas recientes en cortes migratorias donde oficiales de ICE detienen a madres con sus hijos, separándolos de sus parejas, en medio de llantos y gritos de despedida.

Uno de los videos más compartidos fue publicado por el creador de contenido Frank Reyes. En la grabación, una madre y su hijo son escoltados por agentes migratorios hacia una camioneta; mientras Eduardo Duarte, quien se identifica como esposo y padre, se despide de su esposa Luz Carmen Herrera sin poder intervenir.

Duarte expresa que tiene seis hijas con su esposa, quienes esperan a su madre en casa. En su testimonio, advierte a quienes consideran emigrar a Estados Unidos: “No lo hagan, están regresando a mucha gente. Incluso en la corte hay personas detenidas esperando ser deportadas”.

El video provocó una oleada de reacciones. Cientos de usuarios condenaron el trato recibido por las familias migrantes. Algunos calificaron los hechos como una violación a los derechos humanos. Otros pidieron aceptar el retorno como una oportunidad para comenzar de nuevo en sus países de origen. “Es hora de regresar a nuestra tierra y seguir adelante”, escribió un internauta.

Organizaciones como Human Rights Watch, el Proyecto de Derechos Civiles de Texas (TCRP) y la Clínica Internacional de Derechos Humanos Lowenstein de la Universidad de Yale publicaron un informe conjunto en el que denuncian la falta de responsabilidad por parte del Gobierno estadounidense. El documento, titulado “Tenemos que llevarnos a los niños”, señala que, a seis años de haberse implementado la política de “Tolerancia Cero”, más de 1.360 menores aún no se han reunido con sus padres.

Según el informe, entre 2017 y 2021, más de 4.600 niños y niñas fueron separados de sus familias. De ellos, casi un tercio permanece sin paradero confirmado. Las organizaciones denuncian que las autoridades retuvieron deliberadamente información sobre la ubicación de los menores, negándose a comunicar a los padres dónde estaban sus hijos durante días o incluso semanas. Esta práctica podría considerarse una forma de desaparición forzada, e incluso de tortura, según el derecho internacional.

Michael García Bochenek, abogado de la división de Derechos del Niño de Human Rights Watch, afirmó que los documentos analizados evidencian una intención clara de utilizar a los menores como medio para desalentar la migración. “Un gobierno no debe actuar contra niños para enviar un mensaje a sus padres”, declaró.

Los hallazgos también apuntan a que altos funcionarios intervinieron para obstaculizar la reunificación de las familias, incluso cuando algunas agencias federales comenzaron a acelerar esos procesos. Las denuncias ponen en entredicho el compromiso de EEUU con los estándares internacionales de protección a la niñez y a las familias migrantes.