Un gran jurado federal acusó a cuatro hombres de participar en una operación que habría sustraído más de 19 millones de dólares del programa SNAP entre julio de 2019 y mayo de 2026.
La presunta red utilizó comercios de Miami-Dade y Broward para convertir beneficios destinados a la compra de alimentos en dinero en efectivo, informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Los imputados son Rajaie Ahmad Ali, de 63 años y residente de Miramar; Sami Jamhour, de 43 años y domiciliado en Hollywood; Cristian Giovanni Amaro, de 27 años y vecino de Miami; y Adel Amro, de 23 años, residente de Fort Myers. Ali también tiene una orden final de deportación.
La Fiscalía sostiene que los acusados aprovecharon establecimientos autorizados para procesar pagos mediante tarjetas de transferencia electrónica de beneficios, conocidas como EBT. Las transacciones no habrían correspondido con compras reales de productos permitidos por el programa federal.
Comercios habrían servido para procesar los cargos
Los documentos judiciales identifican a Ali como propietario de Brown Sugar, mientras Jamhour estaba al frente de Kwik Stop y Amaro operaba Quickie Mini Market.
Según la acusación, Ali y Amaro entregaron las terminales electrónicas asignadas a sus respectivos negocios para que fueran empleadas en el comercio de Jamhour. Las normas de SNAP prohíben trasladar o compartir esos equipos entre establecimientos.
Amro habría reclutado a beneficiarios interesados en cambiar parte de sus ayudas por efectivo. Los comerciantes procesaban cargos superiores al valor de cualquier compra y entregaban a los titulares de las tarjetas cerca de la mitad del monto cobrado. El resto quedaba en manos de los participantes de la trama.
“Los cupones de alimentos existen para ayudar a las familias a tener comida en la mesa, no para enriquecer a los delincuentes. El fraude a los beneficios públicos perjudica doblemente: primero a los contribuyentes que financian estos programas y, de nuevo, a las familias que dependen de ellos”, declaró el fiscal federal Jason A. Reding Quiñones.
Acusados enfrentan largas condenas federales
Los procesados afrontan cargos que incluyen conspiración para traficar con beneficios SNAP, lavado de dinero y estructuración de operaciones financieras. Las imputaciones específicas dependen de la función atribuida a cada acusado.
Ali podría recibir hasta 65 años de prisión si resulta culpable. Amaro enfrenta una pena máxima de 55 años; Jamhour, de 50 años; y Amro, de 30 años.
“Durante casi siete años, estos estafadores presuntamente se aprovecharon de SNAP para obtener ganancias ilícitas, robando millones de dólares a los estadounidenses sin remordimiento alguno por el daño causado a las comunidades del sur de Florida”, afirmó Brett Skiles, agente especial del FBI en Miami.
Investigación conjunta en el sur de Florida
El FBI y la Oficina del Inspector General del Departamento de Agricultura encabezaron las pesquisas. También colaboraron la Policía de Miami y la Oficina del Sheriff de West Palm Beach.
El caso se suma a otros fraudes detectados en Florida. En abril, una mujer fue arrestada en Broward por presuntamente sustraer más de 120.000 dólares pertenecientes a unos 200 beneficiarios. En mayo, las autoridades de Orlando desarticularon otra operación basada en tarjetas EBT clonadas.
“Este plan, que duró años, resultó en el robo de más de 19 millones de dólares de los contribuyentes. ¡Es indignante!”, declaró John Walk, inspector general del USDA-OIG.
