Las autoridades federales de Estados Unidos investigan al diplomático cubano David Ramírez Álvarez, segundo secretario de la Embajada de Cuba en Washington, por su presunto papel en una operación de influencia política vinculada al régimen cubano dentro del territorio estadounidense.
Esta operación incluye una red de 145 grupos procomunistas con base en EEUU que ingresan conjuntamente alrededor de $ 1.000 millones al año.
La pesquisa, revelada por Fox News Digital, examina si Ramírez Álvarez coordinó o alentó acciones de cabildeo con organizaciones activistas estadounidenses sin cumplir con los requisitos de registro establecidos por la Ley de Registro de Agentes Extranjeros, conocida como FARA. Esa norma exige transparencia a personas o entidades que actúan en EEUU bajo dirección o influencia de gobiernos extranjeros en actividades políticas.
El caso se produce en medio de un escrutinio más amplio sobre redes de activismo, organizaciones sin fines de lucro y grupos de solidaridad con Cuba que operan en EEUU y que, según la investigación periodística, habrían mantenido vínculos con funcionarios cubanos.
Un video coloca al diplomático cubano bajo la lupa
El reporte cita un video en el que Ramírez Álvarez aparece durante una reunión nocturna celebrada en California con activistas y representantes de organizaciones afines a Cuba. En ese encuentro, el diplomático habría hablado sobre iniciativas legislativas en el Congreso, campañas de presión política y acciones dirigidas a influir en legisladores estadounidenses.
“Lo que puedo hacer es darles una actualización de lo que está ocurriendo ahora mismo en el Congreso, cuáles son las acciones legislativas que se están impulsando en este momento”, dijo Ramírez Álvarez en la grabación citada.
A Cuban Embassy diplomat greets U.S. activists by first name at a Saturday night strategy session in a California union hall — then briefs them on congressional legislation, lobbying targets and nationwide organizing efforts to pressure lawmakers on behalf of communist-controlled… pic.twitter.com/St8X2ZBET4
— Fox News Politics (@foxnewspolitics) May 26, 2026
Durante la reunión, el funcionario se refirió a propuestas para levantar el embargo contra Cuba, entre ellas una iniciativa impulsada en el Senado por Ron Wyden, de Oregón, y otra en la Cámara de Representantes promovida por James McGovern, de Massachusetts. También habría mencionado una resolución de Nydia Velázquez contra la Doctrina Monroe y una resolución sobre poderes de guerra presentada por Tim Kaine.
La investigación busca determinar si esas intervenciones se limitaron al ejercicio diplomático ordinario o si cruzaron la línea hacia una coordinación política que requeriría registro ante el Departamento de Justicia.
Ley FARA y la Convención de Viena, claves del caso
La Ley FARA, vigente desde 1938, obliga a declarar públicamente determinadas actividades realizadas en EEUU en nombre de gobiernos, partidos o entidades extranjeras. No prohíbe el activismo ni el contacto con diplomáticos, pero sí exige transparencia cuando existe dirección o control extranjero en acciones políticas.
El caso también toca un punto sensible de la diplomacia internacional. La Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas reconoce funciones legítimas a las misiones extranjeras, pero establece que los diplomáticos deben respetar las leyes del Estado receptor y no interferir en sus asuntos internos.
La Embajada de Cuba en Washington rechazó las acusaciones y defendió que sus funcionarios actúan dentro de los límites establecidos por el derecho diplomático. Ramírez Álvarez no fue puesto a disposición para entrevistas, según el reporte.
La red investigada y los vínculos con Cuba
La pesquisa se enmarca en una revisión más amplia de unas 145 organizaciones sin fines de lucro pro-Cuba, con ingresos conjuntos estimados en alrededor de 1.000 millones de dólares anuales. Entre los grupos mencionados aparecen CODEPINK, People’s Forum, BreakThrough News, ANSWER Coalition, Party for Socialism and Liberation y Tricontinental.
Los investigadores también analizan posibles vínculos con el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, una entidad estatal cubana históricamente asociada a campañas de solidaridad internacional. Documentos desclasificados de la CIA han descrito al ICAP como “diseñado para organizar en los países extranjeros asociaciones que respondan a la dirección de La Habana”.
Otro nombre señalado es el del empresario tecnológico Neville Roy Singham, radicado en Shanghái, quien habría canalizado entre 278 y 285 millones de dólares hacia esa red desde 2017.
Por ahora, no se han informado cargos contra Ramírez Álvarez. La clave de la investigación será establecer si hubo simple contacto diplomático y activismo protegido por la ley estadounidense, o si existió una operación de influencia dirigida por un gobierno extranjero sin el registro correspondiente.
