El 22 de octubre de 2025, finalizó el plazo para presentar solicitudes bajo la Ley de Memoria Democrática, popularmente conocida como Ley de Nietos, que permitió a los descendientes de los exiliados por la Guerra Civil y la dictadura franquista acceder a la nacionalidad española.
El cierre marcó el fin de un proceso que facilitó la obtención de la ciudadanía a miles de personas, y otras decenas de miles abrieron su expediente y esperan poder finalizarlo en los próximos meses y años.
Sin embargo, España ya está dando pasos hacia la creación de una nueva ley que podría ofrecer una vía permanente para obtener la nacionalidad, eliminando la necesidad de plazos limitados.
Nuevo proyecto de nacionalidad española promete resolver vacíos legales
El Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE) ha presentado un proyecto de reforma del Código Civil español, con el objetivo de crear una Ley de Nacionalidad que no dependa de leyes temporales, como la Ley de Nietos.
La propuesta, que ya fue enviada al Congreso y al Senado de España, busca garantizar la nacionalidad a todos los descendientes de españoles nacidos en el extranjero, incluyendo a aquellos que fueron excluidos por criterios de género o generación.
Según el portal Infocivitano, Violeta Alonso, presidenta del CGCEE, destacó la importancia de esta reforma durante su visita a Argentina, donde mantuvo reuniones con autoridades locales y miembros de la colectividad española. Según Alonso, la nueva ley pretende corregir las situaciones de discriminación generadas por las leyes anteriores, como los casos de descendientes de mujeres españolas que perdieron su nacionalidad al casarse con extranjeros.
La reforma tiene como objetivo garantizar la nacionalidad de manera inclusiva, sin limitaciones de generación, y resolver problemas heredados de la normativa previa.
El proyecto de reforma plantea cinco puntos clave para la creación de una Ley de Nacionalidad Española definitiva. Entre ellos figura la inclusión sin límite generacional, lo que permitirá que cualquier descendiente de español pueda acceder a la nacionalidad, independientemente de la generación a la que pertenezca.
Además, se busca eliminar la discriminación por género, asegurando que los descendientes de mujeres españolas tengan el mismo derecho que los de varones.
Otro aspecto destacado del proyecto es la transmisión automática de la nacionalidad a los hijos, sin necesidad de procesos judiciales ni nuevos requisitos. También se propone una integración consular más sencilla, lo que permitiría agilizar el proceso de inscripción y reducir la saturación de los consulados. Finalmente, la nueva ley buscaría garantizar la continuidad jurídica, eliminando la dependencia de leyes con fechas de vencimiento.
El proceso legislativo para la aprobación de esta reforma aún está en una fase inicial. El proyecto fue presentado a la Comisión de Justicia del Congreso y del Senado, donde será discutido y analizado. A pesar del respaldo del CGCEE y de los principales partidos políticos, el panorama parlamentario actual, caracterizado por un equilibrio delicado de fuerzas, podría ralentizar el avance del proyecto.
La presidenta del CGCEE reconoció que, aunque existe voluntad política para establecer una ley definitiva, los acuerdos entre los partidos políticos pueden ser complicados. Sin embargo, el Consejo confía en que la presión de las comunidades españolas en el exterior, especialmente en países como Argentina, Cuba, México y Brasil, impulse la discusión durante la legislatura actual.
La propuesta busca, en primer lugar, dar tranquilidad y justicia a quienes han sido excluidos de la nacionalidad española debido a las limitaciones de las leyes temporales previas. Además, la reforma sería una manera de cerrar un capítulo de incertidumbre para las generaciones de descendientes que han vivido durante décadas sin el reconocimiento formal de su origen.
En caso de que el proyecto prospere, la nueva ley podría garantizar un acceso más equitativo y sin restricciones para los descendientes de españoles, lo que significaría un importante avance para la comunidad española en el extranjero. Además, la ley definitiva eliminaría los problemas relacionados con los plazos limitados y los requisitos cambiantes, proporcionando un marco jurídico más estable.
