Fiscal de Matanzas es incluida en la lista de Represores Cubanos por pedir cárcel para académicas cubanas

Ana Lilian Caballero Arango basó su acusación en una versión “llena de falsedades”. (Foto © Represores Cubanos – Web)

La iniciativa Represores Cubanos incluyó en su lista a la fiscal provincial de Matanzas, Ana Lilian Caballero Arango, por solicitar penas de 4 y 3 años de privación de libertad, sustituidas por trabajo correccional sin internamiento, contra las académicas disidentes Alina Bárbara López Hernández y Jenny Pantoja Torres.

Según el expediente elaborado por la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba (FHRC), la fiscal se basó de una versión “llena de falsedades” para acusar a las activistas de los delitos de desacato, desobediencia y atentado.

Caballero Arango ha sido clasificada en el listado como una represora de “cuello blanco”, responsable de cometer prevaricación y crímenes de lesa humanidad, específicamente, persecución por motivos políticos.

Además, por el mismo caso, también fue incluida la oficial de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) María Juantorena Herrera, por agredir a las académicas, luego de interceptar el auto de alquiler en que las historiadoras viajaban de Matanzas a La Habana, en el punto de control de Bacunayagua.

Juantorena Herrera es señalada como represora violenta por delitos de lesiones, golpizas y abuso físico, y por crímenes de lesa humanidad que incluyen tortura y persecución política en Cuba.

López Hernández y Pantoja Torres fueron reprimidas el 18 de junio de 2024, cuando se dirigían a La Habana para realizar una protesta pacífica en un parque, actividad que realizan cada mes. La semana pasada, casi un año después de los hechos, las autoridades judiciales informaron a las académicas que enfrentarán juicio por dichas imputaciones.

Las afectadas han denunciado el proceso como una estrategia del régimen para silenciar la disidencia y estigmatizar a los opositores. Han resaltado también violaciones legales, entre ellas el incumplimiento del plazo de 180 días establecido en la ley de proceso penal cubana para llevar un caso ante tribunales.

“Nosotras fuimos las golpeadas, violentadas y tratadas como animales. Aquel día temí por mi vida, pues la oficial que nos acusa es un ser violento, con enorme fuerza física y preparación como judoca, que contó además con la ayuda de varios policías hombres. Todavía sufro las secuelas de los golpes y torceduras en cuello y cabeza, de lo que derivó una laberintitis postraumática diagnosticada por un neurocirujano en el hospital provincial de Matanzas”, comentó López Hernández en Facebook.

La Fiscalía reclama además que ambas imputadas paguen sumas equivalentes a 650 y 5.000 CUP en concepto de reparación por presuntos daños a la ropa y las extensiones capilares de la oficial.

El proyecto Represores Cubanos ha documentado en los últimos años a numerosos funcionarios del aparato judicial involucrados en procesos contra manifestantes pacíficos y opositores políticos, incluidos los de las protestas masivas del 11 de julio de 2021.

Varios de estos jueces y fiscales han emigrado a Estados Unidos pese a su estrecho vínculo con el régimen comunista. Hasta la fecha, Represores Cubanos ha identificado a más de 100 exfuncionarios, jueces y oficiales cubanos en este país.