La Fiscalía General de la República de Cuba entregó una petición de sentencia contra 30 cubanos acusados de organizar, financiar y ejecutar un presunto plan de levantamiento armado para desestabilizar el orden público y social de la Isla, informó Martí Noticias.
Periódico Cubano confirmó que el principal imputado de este caso se trata de Ardenys García Álvarez, quien enfrenta una solicitud conjunta de 30 años de privación de la libertad.
Las condenas solicitadas para los principales colaboradores también oscilan entre 10 y 25 años de prisión. El Estado igual ordenó el decomiso de los bienes ocupados durante el operativo, entre ellos cinco pistolas y municiones.
Según el documento acusatorio, el proyecto habría sido promovido y financiado desde el exterior por la organización La Nueva Nación Cubana en Armas, dirigida por William Cabrera González, en coordinación con la entidad Auto Defensa del Pueblo.
Cabrera figura en una lista de personas calificadas como “terroristas” por el régimen cubano. La Fiscalía sostiene que García Álvarez recibió entrenamiento militar en Florida e ingresó ilegalmente a Cuba por la costa de Matanzas el 31 de octubre de 2023. Las autoridades aseguran que utilizó una moto acuática para trasladarse hasta territorio nacional.
Su madre, Marta Álvarez, ofreció una versión diferente sobre el caso. En declaraciones a Martí Noticias, afirmó que su hijo había vivido en EEUU durante casi 13 años y regresó a Cuba en una bicicleta acuática el 29 de octubre de 2023.
“Lejos de ser un criminal, es un patriota”, expresó. La mujer denunció que García Álvarez permanece encarcelado desde su llegada y cuestionó la narrativa presentada por las autoridades.
Las denominadas “Conclusiones del Estado” aseguran que el acusado transportó armas de fuego, municiones, armas blancas y equipos de radiocomunicación. El supuesto objetivo era crear células armadas en Cienfuegos, Camagüey, Las Tunas y Santiago de Cuba.
El documento atribuye al grupo planes para atacar a funcionarios del Ministerio del Interior y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Asimismo, menciona presuntos proyectos de sabotaje contra cañaverales, centros turísticos y otras instalaciones estatales de interés económico.
La acusación sostiene además que los implicados pretendían forzar la renuncia de dirigentes mediante coacción y violencia. Entre las evidencias citadas aparecen fotografías satelitales, información sobre unidades militares estratégicas de Cienfuegos y datos sobre los domicilios de altos mandos policiales.
La Fiscalía afirma que fueron utilizados miles de dólares y pesos cubanos para financiar la logística, adquirir insumos simulados de uso militar y reclutar a personas en condiciones de vulnerabilidad económica. Sin embargo, el documento no precisa si alguna de las acciones descritas llegó a ejecutarse.
Los procesados enfrentan cargos por terrorismo, delitos contra el orden constitucional, espionaje, portación y tenencia ilegal de armas, salida ilegal del territorio nacional y tráfico ilegal de divisas.
En julio de 2024, Cabrera González reconoció que su organización ofrecía entrenamiento militar, aunque negó que tuviera fines subversivos. “Provee entrenamiento militar, pero no con objetivos subversivos”, afirmó entonces.
Una investigación de Telemundo ubicó además a García Álvarez como acusado en EEUU de conspiración para transportar y albergar migrantes, de acuerdo con registros de una corte federal. Esos cargos no guardan relación directa con el expediente cubano.
