Familias inmigrantes residentes en Florida denunciaron este 15 de octubre cancelaciones de Medicaid que podrían ser incorrectas, después de que el Departamento de Niños y Familias (DCF) comenzara a aplicar nuevas restricciones federales.
Los afectados aseguran que han perdido su seguro médico pese a conservar posibles vías de elegibilidad y recibir notificaciones que no explican las decisiones. Una investigación publicada por The Florida Trib recoge las declaraciones de beneficiarios y abogados que cuestionan la actuación de la agencia estatal.
Los especialistas advierten que una interpretación equivocada del estatus migratorio puede dejar sin asistencia sanitaria a personas protegidas por las excepciones legales. Entre los afectados figura Khem Raj Poudel, de 74 años, quien obtuvo asilo en 2019 y posteriormente la residencia permanente.
El hombre, establecido en el condado de Marion, recibió tres negativas durante 2026, aunque sus representantes legales sostienen que reúne las condiciones para acceder al programa.
Poudel perdió en agosto sus prestaciones de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) al alcanzar el límite temporal aplicable a determinados asilados. Sin embargo, sus abogados argumentan que puede solicitar Medicaid mediante otra categoría. Dos comunicaciones cuestionaron su ciudadanía y otra mencionó circunstancias económicas o familiares.
Su hija, Anamika Bennett, explicó que sus familiares pagan los medicamentos mientras intentan solucionar el problema. Hasta el 14 de octubre, el DCF no había respondido a la apelación y consulta escrita presentadas.
Otra afectada es Leticia, una joven brasileña de Boca Ratón cuya cobertura terminó al cumplir 19 años, el 29 de septiembre. A diferencia del expediente anterior, su situación migratoria podría impedirle continuar en el programa como adulta. Su madre cuestiona, principalmente, la ausencia de una comunicación formal.
Lynn Hearn, directora jurídica del Florida Health Justice Project, denunció numerosas cancelaciones presuntamente equivocadas, especialmente entre menores que deberían conservar sus beneficios. También criticó las cartas oficiales porque no siempre identifican el estatus migratorio registrado. El DCF no respondió a las consultas del medio.
El cambio de Medicaid no afecta a todos los cubanos
Las restricciones vigentes desde el 1 de octubre mantienen ciertas excepciones para residentes permanentes, personas clasificadas como Cuban/Haitian entrants y beneficiarios de determinados acuerdos migratorios. Los menores de 19 años que residen legalmente también conservan una vía especial de elegibilidad.
Para los cubanos, pertenecer a la categoría Cuban/Haitian entrant exige cumplir criterios jurídicos específicos; sin embargo, quienes poseen un formulario I-220A necesitan una evaluación individual, pues ese documento, por sí mismo, no garantiza ni descarta el acceso. También deben satisfacerse los requisitos económicos y de residencia, de lo contrario se verían afectados.
Los beneficiarios pueden revisar sus avisos en MyACCESS
y presentar la documentación solicitada. Si consideran incorrecta una decisión, disponen generalmente de 90 días desde su notificación para pedir una audiencia administrativa, mediante el correo appeal.hearings@myflfamilies.com o el teléfono 850-488-1429.
Ese período no garantiza la continuidad automática de las prestaciones. Además, cuando una solicitud fue rechazada por falta de información, aportar los documentos dentro de los 90 días posteriores puede permitir una nueva evaluación, un trámite diferente de la apelación.
