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Florida gasta más de 1,200 millones de dólares en operativos migratorios bajo el gobierno de DeSantis

Los gastos en seguridad y centros de detención presionan el fondo de emergencias de Florida
Florida gasta más de 1,200 millones de dólares en operativos migratorios bajo el gobierno de DeSantis
DeSantis utiliza fondos estatales para financiar operaciones migratorias en Florida. (Foto de referencia © Periódico Cubano)

El gobierno de Florida, encabezado por Ron DeSantis, ha gastado más de 1,200 millones de dólares de su fondo estatal de emergencias para financiar operaciones de control migratorio. Los desembolsos, realizados durante menos de dos años, incluyen contratos para centros de detención, seguridad y servicios logísticos.

Según los registros estatales examinados, una investigación del Tampa Bay Times, difundida por el Miami Herald y El Nuevo Herald, reveló el miércoles 18 de noviembre el alcance de los pagos y las obligaciones financieras pendientes.

Las operaciones migratorias representan alrededor del 70% de los gastos del fondo desde el verano de 2025. Este mecanismo financiero fue creado en 2022 para responder a situaciones extraordinarias, incluidos huracanes, inundaciones y tornados. Sin embargo, la administración republicana también lo ha utilizado para respaldar las políticas de inmigración del presidente Donald Trump.

¿En qué ha gastado Florida los millones destinados al control migratorio?

Entre los principales beneficiarios figura IRG Global, empresa que recibió aproximadamente 257 millones de dólares. Sus contratos incluyen 183 millones para construir instalaciones destinadas al personal de Alligator Alcatraz, el centro de detención ubicado en los Everglades. La compañía de saneamiento Doodie Calls obtuvo otros 235 millones, mientras que GardaWorld acumuló más de 10 millones por servicios extraordinarios de seguridad.

Los recursos también financiaron operaciones de departamentos de alguaciles. La Oficina del Sheriff de Palm Beach facturó 1.2 millones de dólares por labores de vigilancia. Otras instituciones participaron mediante el envío temporal de agentes y equipos. Entre los desembolsos documentados aparecen gastos de 102,000 dólares en equipamiento de gimnasio y cerca de medio millón en credenciales.

Florida mantiene deudas millonarias con contratistas migratorios

Pese a los pagos realizados, Florida todavía adeuda al menos 263 millones de dólares a 32 proveedores. El fideicomiso conserva aproximadamente 157 millones, una cantidad inferior a las obligaciones pendientes. Para sostener las operaciones, la Legislatura aprobó reposiciones de 167 millones en agosto, 187 millones en septiembre y 375 millones a principios de noviembre.

La situación también depende de los reembolsos federales. Washington comprometió unos 608.4 millones de dólares mediante un programa administrado por FEMA, pero hasta mediados de septiembre Florida había recibido aproximadamente 84.5 millones. Además, una proyección estatal contempla un posible déficit de hasta 1,500 millones durante el ejercicio fiscal 2026-2027 bajo condiciones adversas.

DeSantis extiende la emergencia migratoria hasta enero de 2027

El 17 de noviembre, DeSantis firmó la Orden Ejecutiva 26-230, mediante la cual prorrogó otros 60 días la emergencia migratoria declarada en enero de 2023. La medida, renovada por vigesimocuarta ocasión, permanecerá vigente hasta el 16 de enero de 2027, durante la administración entrante del gobernador electo Byron Donalds.

El mandatario republicano defiende estos gastos porque considera que combatir la inmigración irregular resulta menos costoso que asumir las consecuencias de mantener a personas sin estatus legal. Donalds ha respaldado una política migratoria estricta, aunque no había confirmado si renovaría nuevamente la declaración extraordinaria.

Mientras tanto, persisten cuestionamientos sobre la supervisión del dinero público. La División de Manejo de Emergencias de Florida incumplió por segunda ocasión la entrega de un informe trimestral obligatorio, cuyo plazo venció el 15 de octubre. La falta de información actualizada dificulta determinar el costo definitivo de las operaciones y los recursos disponibles para futuras emergencias naturales.

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