Un gran jurado federal acusó a 13 personas de Cuba y Brasil por su presunta intervención en un esquema de fraude migratorio desde Orlando, Florida. El expediente, presentado el 21 de octubre, señala que la empresa Legacy Imigra Solutions captaba inmigrantes con servicios legales engañosos para cobrar por gestiones destinadas a obtener beneficios en Estados Unidos.
La Fiscalía del Distrito Medio de Florida anunció el proceso este lunes 2 de noviembre. La acusación reúne 11 cargos relacionados con fraude electrónico, documentos migratorios falsos, empleo de extranjeros sin autorización y acuerdos matrimoniales para conseguir residencia. Las responsabilidades atribuidas varían entre los procesados.
La dimensión económica había trascendido durante la investigación estatal: el sheriff del condado de Orange, John Mina, estimó que Legacy recaudó más de 20 millones de dólares. Las autoridades identificaron afectados en Florida, Carolina del Sur, Connecticut y Nueva Jersey.
Cómo operaba Legacy Imigra en Orlando
El escrito judicial sitúa las operaciones investigadas entre agosto de 2023 y abril de 2026. Vagner Soares de Almeida dirigía la compañía, mientras Juliana Colucci y otros empleados intervenían en ventas, administración y preparación de expedientes. Ocho acusados aparecen vinculados a la presunta conspiración de fraude electrónico.
Para atraer clientes, principalmente brasileños, el negocio difundía anuncios en portugués y español por redes sociales, sitios web y mensajería. Los fiscales sostienen que aparentaba contar con abogados y especialistas, ofrecía orientación incorrecta y preparaba solicitudes con información falsa.
La acusación describe además un mecanismo para controlar las comunicaciones: empleados administraban correos creados a nombre de los usuarios y utilizaban direcciones vinculadas al negocio para recibir correspondencia oficial. Después, presuntamente condicionaban la entrega de documentos al pago de cantidades adicionales. El dinero llegaba a cuentas de De Almeida.
Documentos falsos y matrimonios bajo investigación
Entre los trámites cuestionados figuran solicitudes mediante los formularios I-589 e I-914, una petición laboral H-1B y documentación para la categoría EB-3. Dos cargos se apoyan en transferencias por Zelle de 1.000 y 374,58 dólares. Otros señalamientos abarcan la contratación reiterada de trabajadores sin permiso.
Los fiscales también detallan tres presuntos acuerdos matrimoniales para obtener residencia sin cumplir los requisitos. Issac Antonio Narvaez aparece en los tres; los demás implicados son Colucci, Ronay Castillo Salazar, De Almeida, Rebecca Aldama Garcia, Mijail Cabrera Nunez y Lorraine Soares Oliveira. El expediente solicita decomisar bienes relacionados con los delitos si se producen condenas.
Qué penas podrían enfrentar los acusados
Cada cargo de fraude electrónico o conspiración para cometerlo contempla hasta 20 años de prisión. La Fiscalía precisó que las sanciones dependen del delito y recordó que todos los acusados mantienen la presunción de inocencia.
El proceso federal sucede a la actuación estatal divulgada en abril, cuando las autoridades anunciaron las detenciones de De Almeida, Colucci, Lucas Felipe Trinidade Silva y Ronaldo de Campos. En aquel operativo participaron la Oficina del Sheriff de Orange, Investigaciones de Seguridad Nacional y la Fiscalía General de Florida.
