La Gaceta Oficial No. 33 del 9 de abril de 2026 publicó en Cuba el Decreto 143/2025 y la Resolución 16/2026, dos normas que reordenan la comercialización de productos agropecuarios y forestales, establecen nuevas reglas para la formación de precios y amplían los canales de venta, pero sin desmontar el control del Estado sobre un sector clave para la alimentación de la población.
Las disposiciones fueron firmadas por el primer ministro Manuel Marrero Cruz y por el ministro de la Agricultura, Ydael Jesús Pérez Brito, y entrarán en vigor treinta días hábiles después de su publicación.
El Decreto 143/2025 fue adoptado por el Consejo de Ministros y dado en el Palacio de la Revolución el 30 de diciembre de 2025. La norma deroga el Decreto 35 de 2021 y el Decreto 71 de 2022, que regulaban la comercialización agropecuaria y la aprobación de precios de acopio para la industria.
En términos concretos, las nuevas disposiciones reorganizan quién puede vender, a quién puede vender y bajo qué condiciones. El marco incluye a empresas estatales, mipymes, cooperativas, trabajadores por cuenta propia, usufructuarios y productores.
También regula toda la cadena, desde el acopio y la transportación hasta el almacenamiento, la distribución y la venta mayorista y minorista. Aunque el discurso oficial habla de flexibilización, el diseño normativo mantiene al Estado como actor dominante en la definición de prioridades, balances de alimentos y mecanismos de control.
Uno de los cambios más sensibles está en el terreno de los precios. Las normas no establecen una rebaja general ni fijan un tope nacional automático para los alimentos.
Lo que hacen es descentralizar parte de la fijación de precios hacia gobernadores, consejos de la administración municipal y comités de contratación. Esas instancias podrán definir precios de productos no centralizados según campañas, balances territoriales y márgenes comerciales aprobados.
En la práctica, el valor de muchos alimentos dependerá menos de un mercado libre y más de decisiones administrativas locales.
El decreto dispone además que los gobernadores podrán concertar precios entre municipios y solicitar bonificaciones o exoneraciones tributarias como mecanismo regulador. Los municipios, por su parte, deberán controlar el cumplimiento de los productos con precios centralizados, concertados y por acuerdo.
Esa combinación confirma la coexistencia de varios esquemas dentro del mismo sistema: precios fijados desde el nivel central, otros negociados territorialmente y otros acordados entre partes, siempre bajo supervisión estatal.
La Resolución 16/2026 detalla cómo funcionará ese mecanismo. Cuando el Comité de Contratación determine precios por acuerdo, deberá tomar como referencia los precios de las unidades empresariales de base de cada localidad y escuchar la opinión de productores y comercializadores.
Sin embargo, introduce una condición decisiva: en ningún caso los precios aprobados pueden generar subsidios. Ese punto sugiere que la prioridad oficial no será abaratar alimentos para la población, sino evitar ventas por debajo de los costos fiscales en medio de la crisis productiva.
Las autoridades locales también tendrán la obligación de publicar los precios, tanto los centralizados como los acordados. Esa exigencia podría aportar algo más de transparencia formal, pero no garantiza ni estabilidad ni acceso real para los consumidores.
El propio decreto ordena actualizar y divulgar los precios según los costos y el comportamiento del mercado.
En un país marcado por la escasez, el deterioro logístico y la falta de insumos, esa formulación abre la puerta a nuevos incrementos cuando suban el transporte, el combustible o la disponibilidad de mercancías.
Otro aspecto relevante es la ampliación de los canales de venta. La norma habilita mercados mayoristas, mercados arrendados, ventas ambulantes, puntos de venta, abastecimiento al turismo, a la industria, a la exportación y a las ventas en fronteras en divisas.
Sobre el papel, eso puede diversificar la oferta. Pero también genera incentivos para que una parte de la producción se dirija a destinos más rentables que el mercado popular, por lo que una mayor variedad de mecanismos comerciales no implica necesariamente alimentos más asequibles para la mayoría de los cubanos.
Pedro Monreal opina que las nuevas leyes no resuelven el problema de Cuba
El economista cubano Pedro Monreal considera que el Decreto 143/2025 y la Resolución 16/2026 están lejos de constituir una reforma de mercado.
Según su valoración, las normas añaden grados de flexibilización a medidas previas, pero conservan intacto el monopolio estatal sobre la comercialización agropecuaria.
A su juicio, aunque la empresa estatal tiene un peso minoritario en la producción, el control de la comercialización sigue siendo la herramienta central del Estado para imponer un esquema de planificación que preserve el carácter socialista del sector.
Monreal sostiene que el monopolio estatal no busca fomentar competencia real ni liberar precios de acuerdo con la oferta y la demanda, sino mantener un sistema de precios administrados.
En ese modelo, precios centralizados, concertados y topes máximos limitan la capacidad de negociación de los productores, impiden que los valores reflejen los costos reales y reducen los incentivos para producir más.
También advierte que permitir la entrada de otros actores no significa igualdad de condiciones, porque Acopio conserva ventajas estructurales gracias a su extensa red de mercados, naves, puntos de compra y centros de distribución.
Para el economista, la negativa a vender o arrendar esos activos confirma una postura conservadora en un momento en que el sector privado ha sido clave para sostener la producción de alimentos en Cuba.
