La Gaceta Oficial de la República de Cuba No. 92, fechada el 23 de septiembre de 2024, publica el Decreto 105/2024 que elimina la prohibición para que campesinos construyan casas en tierras dadas en usufructo por el gobierno.
La normativa, firmada por el primer ministro Manuel Marrero Cruz, fue presentada por la propaganda oficial como “un cambio significativo en la política agraria del país”. Sin embargo, se trata de la eliminación de una aberrante y absurda disposición que no permitía a los productores vivir en la tierra que trabajan.
Ahora, después de dos años de comenzar esa modalidad donde el Estado, que sigue siendo el dueño de la tierra, se la da al campesino para que la trabaje, se comenzará un proceso de legalización de las construcciones de viviendas que se hagan en esos predios. Las nuevas normativas subrayan que las edificaciones deben estar en función de la producción agrícola o forestal para poder ser legalizadas.
También se legalizarán las construcciones que no se habían permitido
El proceso de legalización se llevará a cabo en un plazo de cinco años a través de las direcciones municipales de Ordenamiento Territorial y Urbanismo. Además, las nuevas medidas priorizan la regularización de edificaciones como casas de tabaco, vaquerías y cochiqueras, siempre que cumplan con las normativas urbanísticas vigentes.
La normativa contempla que todas las construcciones no autorizadas podrán ser legalizadas sin la necesidad de realizar trámites adicionales, siempre y cuando no excedan el tres por ciento del área total entregada en usufructo. Esto representa un alivio para los campesinos que, hasta la fecha, no contaban con una vía legal para regularizar sus viviendas.
En el caso de aquellas edificaciones que no cumplan con los requisitos establecidos, serán incluidas en el Programa Integral de Enfrentamiento a las Ilegalidades en las Construcciones, lo que podría implicar la demolición de las estructuras excedentes.
El régimen castrista espera que estas nuevas disposiciones ayuden a incentivar la producción agrícola que está en franco declive, entre otras cosas, por el éxodo de la población rural hacia las ciudades y la migración definitiva fuera del país.
Campesinos escépticos con la medida
Sin embargo, las leyes llegan demasiado tarde, ya que la “planificación socialista” no fue capaz de prever lo que sucedería al otorgar tierras en usufructo y prohibir la construcción de inmuebles. Creían que el campesino podía ir y venir de la ciudad cada día, pese al deficiente transporte público y la creciente ola de robos, motivada por la enorme crisis económica.
A pesar de las medidas implementadas, muchos campesinos siguen expresando su escepticismo respecto a la efectividad de estas normativas y a la poca confianza que existe en el todopoderoso Estado, que puede quitarles la tierra alegando “enriquecimiento ilícito” cuando percibe que un productor está ganando mucho dinero, según los cánones comunistas.
