Tras diez meses de detención en un centro para inmigrantes irregulares, el opositor cubano Elionay González Crespo obtuvo su liberación pese a ser portador del formulario I-220A, informó el periodista Javier Díaz de Univisión.
La decisión cierra, al menos por ahora, un proceso marcado por la incertidumbre migratoria y el temor de su familia a un eventual retorno a la Isla, donde corría el riesgo de ser encarcelado en una prisión del régimen.
González Crespo había entrado a Estados Unidos por la frontera sur en 2022 y recibió el formulario I-220A, un documento que permite la excarcelación bajo supervisión, pero no concede estatus migratorio legal.
Esa condición ha dejado en un limbo a cientos de miles de cubanos, que no pueden acogerse de forma automática a la Ley de Ajuste Cubano y quedan expuestos a procesos de deportación.
Desde su llegada a Florida, el activista desarrolló una labor opositora contra el régimen cubano como miembro de una organización local llamada Movimiento Anticomunista. Ese grupo impulsó en junio del año pasado una campaña de recaudación de fondos para ayudarle a costear la defensa legal, después de su detención.
Antes de emigrar, el opositor había participado en las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021, que ocurrieron en todas las provincias de la Isla. Según su esposa, Daraymis Nogueira, esa participación lo convirtió en blanco del acoso de la Seguridad del Estado.
“Ya no le permitían vivir ni trabajar en paz. Sabía que, si se quedaba, lo iban a encarcelar”, declaró Nogueira en junio, en declaraciones recogidas por el medio independiente El Toque. La mujer también aseguró que su esposo fue citado en varias ocasiones y sufrió allanamientos y decomisos en su negocio de pintura automotriz.
El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) arrestó a González Crespo cuando acudió a una audiencia en la Corte de Inmigración de Miami, donde su solicitud de asilo fue desestimada.
Durante su detención, el opositor comunicó a su esposa por teléfono que había recibido presiones para firmar su orden de deportación, pero se negó con la esperanza de encontrar una solución para permanecer en territorio estadounidense.
Decisión de la Corte Suprema afecta a portadores del formulario I-220A
A principios del mes pasado, la Corte Suprema dictó una decisión unánime con impacto potencial sobre miles de migrantes que buscan protección en el país, entre ellos muchos cubanos con formulario I-220A.
El pronunciamiento de los nueve jueces se produjo en el caso de Douglas Humberto Urias-Orellana, un solicitante de asilo que afirmó haber recibido amenazas de muerte de pandillas en El Salvador.
Aunque un juez de inmigración consideró creíble su relato, concluyó que los hechos expuestos no cumplían con el umbral legal de “persecución” exigido por la legislación estadounidense, por lo que negó la protección solicitada.
Al avanzar el litigio, la Corte Suprema decidió revisar el caso para aclarar bajo qué criterio deben examinarse este tipo de resoluciones. Finalmente, los magistrados avalaron la determinación inicial del juez de inmigración.
La sentencia establece que los tribunales federales deberán aplicar un criterio más limitado, conocido como “evidencia sustancial”, al revisar decisiones emitidas por la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA).
Hasta ahora, varias cortes federales de apelación tenían mayor margen para reconsiderar si amenazas, agresiones o episodios de violencia calificaban como persecución bajo la ley de asilo. En algunos circuitos, esa revisión permitía un análisis más amplio del caso.
