Las elecciones de medio término han dejado interrogantes que no podemos ignorar. Más allá de los resultados electorales, debemos preguntarnos hacia dónde se dirige Estados Unidos y qué está ocurriendo con sus valores, sus instituciones y su identidad nacional.
En mi trabajo ‘¿Dónde se metió el voto cristiano?’ abordé una contradicción que merece reflexión. Hoy quiero detenerme en otro fenómeno: la creciente presencia de ciudadanos musulmanes en cargos públicos estadounidenses.
Según la investigación que realizamos sobre el directorio de CAIR Action, 255 musulmanes ocupan cargos electivos en el país. La relación incluye cuatro representantes federales, 46 legisladores estatales, 11 alcaldes, 63 funcionarios de educación, 98 funcionarios municipales, 18 jueces electos y otros cargos públicos.
Son cifras que merecen atención y examen. Profesar el islam no convierte a nadie en una amenaza ni constituye motivo para cuestionar sus derechos políticos. El verdadero asunto es qué ideas defienden esos representantes, qué políticas promueven y si sus propuestas respetan los principios constitucionales estadounidenses.
Mientras el debate migratorio se concentraba en perseguir indocumentados, sin distinguir suficientemente entre delincuentes y personas trabajadoras, la representación política de distintas comunidades seguía creciendo.
¿Estamos prestando la misma atención a la selección de nuestros representantes y a sus programas de gobierno? Hay una comparación que merece reflexión: ¿podría un ciudadano estadounidense, conservando únicamente su nacionalidad, aspirar a un cargo público en Irán?
No podría hacerlo simplemente por residir allí. Para acceder a sus instituciones tendría que cumplir requisitos de nacionalidad, origen y adhesión ideológica. Irán, además, no tiene Senado, sino un Parlamento unicameral.
Estados Unidos también establece restricciones: un ciudadano naturalizado no puede ser presidente, aunque sí puede ocupar otros cargos federales. Sin embargo, nuestra Constitución prohíbe imponer requisitos religiosos para ejercer funciones públicas.
Esta diferencia nos obliga a reflexionar sobre el valor de nuestras libertades. No debemos confundir diversidad religiosa con islamismo político, ni tolerancia con indiferencia ante proyectos que pretendan restringir derechos individuales.
La cuestión no es impedir que un musulmán llegue al gobierno. Es exigir a todos nuestros representantes, cualquiera que sea su religión, respeto absoluto a la Constitución, a la libertad de conciencia, a la igualdad ante la ley y a las instituciones republicanas.
¿Estamos preparados para defender esos principios? ¿O hemos confundido apertura con renuncia, tolerancia con indiferencia y libertad con ausencia de responsabilidad?
Una nación no pierde su identidad porque sus ciudadanos profesen distintas religiones. Puede perderla cuando sus instituciones dejan de defender los principios que garantizan la libertad de todos.
Y esa es, precisamente, la discusión que Estados Unidos no debería seguir aplazando. ¿A dónde iremos a llegar si dejamos de defender aquello que hizo grande a esta nación? Ser ingenuos es debilitar la razón.
