Gobierno cubano cierra negocios privados que aplican recargo del 10% al pago con tarjeta

La Resolución 93 de 2023 exige que todos los establecimientos comerciales tengan pasarelas para pagos digitales. (Foto © Periódico Cubano)

En una nueva ofensiva del Gobierno cubano para velar por el cumplimiento de la bancarización forzada, legislada por la Resolución Conjunta No. 93 del 2023 entre el Banco Central (BCC) y Ministerio de Comercio Interior (Mincin) se cerraron 53 negocios por violar lo establecido.

De acuerdo con declaraciones a la prensa oficialista de Inalvis Smith Lubén, viceministra del Mincin, entre el 2 y el 6 de septiembre de 2024 se llevó a cabo una campaña de verificación en todo el país. El enfoque principal recayó en el sector privado, con un 71% de todas las acciones de control ejecutadas.

En ese sentido, se detectó que muchos trabajadores por cuenta propia y Mipymes tenían establecido un recargo del 10% sobre el monto total de la factura que debía pagar el cliente si este quería hacer el pago por medios electrónicos.

Según Cubadebate, la impunidad era tal que un negocio privado en La Habana llegó a hacer público el sobrecobro como un aviso a sus clientes. La imposición del recargo es considerado como una violación a la bancarización obligatoria.

Durante las inspecciones, se detectaron 506 infracciones en los 1.767 establecimientos visitados. Como resultado, se aplicaron 459 medidas, que incluyeron el cierre de 58 negocios, la retirada de 17 Autorizaciones Comerciales, y la imposición de multas por un valor total de 1.044.515 de pesos cubanos (CUP).

Mientras tanto, el sector estatal aún no cumple con la bancarización decretada por el propio gobierno, pues se argumenta que muchos establecimientos no cuentan con la infraestructura tecnológica para los cobros digitales.

Según la Viceministra, se han propuesto 342 zonas bancarizadas que ya cumplen con los requisitos tecnológicos para realizar pagos digitales.

La Resolución 93, publicada en noviembre de 2023, exige que todos los establecimientos comerciales que se inscriban en el Registro Central Comercial, de forma temporal o permanente, cuenten con las facilidades necesarias para aceptar pagos electrónicos mediante pasarelas nacionales o terminales de punto de venta.

Esta disposición aplica a empresas estatales, unidades presupuestadas, cooperativas, Micro, Pequeñas y Medianas empresas (Mipymes), así como a los trabajadores por cuenta propia. La Viceministra enfatizó que es una obligación para todos los actores económicos cumplir con estas normativas para evitar sanciones.

Hace algunos meses el presidente designado Miguel Díaz-Canel reconoció el fracaso de la bancarización que según su criterio se ha producido porque el gobierno lleva a cabo muchas tareas y no se le ha dado la atención requerida.

En ese sentido, significó que para atender el tema de la bancarización se han creado grupos de trabajo a nivel municipal con carácter intersectorial que, a la vez, están abordando otras cuestiones como el déficit presupuestario, la evasión fiscal, las incorrectas relaciones entre el sector estatal y no estatal, y los ingresos y gastos del presupuesto.

Sin embargo, la agenda oficialista parece no avanzar “y por eso se nos han acumulado muchos problemas”.