Como cada 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, el gobierno cubano endureció su estrategia represiva contra periodistas independientes y activistas a fin de evitar protestas relacionadas con esta efeméride.
Testimonios, compartidos por CubaNet, muestran el despliegue de agentes de la seguridad del Estado, Policía Nacional Revolucionaria y otras fuerzas represivas del régimen en medio de una crisis energética, económica y de aumento de presos políticos.
El periodista Vladímir Turró, colaborador de dicho medio independiente, fue uno de los primeros en reportar la presencia de oficiales castristas cerca de su vivienda. Ante esta situación, alertada primero por su esposa, el reportero decidió no pasar la noche en su hogar por precaución.
Por su parte, la periodista Camila Acosta también denunció la presencia de efectivos vestidos de civil cerca de su edificio, una táctica comúnmente utilizada por las fuerzas represivas del régimen para disuadir a los opositores.
Otro caso que ha llamado la atención es el de Boris González Arenas, quien, a través de su esposa, Juliette Isabel Fernández Estrada, confirmó que su vivienda también estaba bajo vigilancia de la seguridad del Estado.
“Este gobierno solo tiene energía para reprimir al pueblo al que está matando de hambre”, expresó Fernández Estrada en redes sociales. Además de los periodistas, varios líderes opositores y exiliados también han denunciado situaciones similares.
El expreso político Andy García Lorenzo y su familia se encuentran bajo vigilancia desde el martes, y tanto Berta Soler, líder de las Damas de Blanco, como su esposo Ángel Moya también han sido objeto de un fuerte dispositivo policial en su vecindario de Lawton. Según los vecinos de la zona, patrullas y agentes han custodiado tanto su vivienda como la sede del movimiento opositor.
La activista Yamilka Lafita, conocida como Lara Croft, reportó que las autoridades se presentaron en su domicilio para advertirle que no podía salir durante la jornada, ya que, de hacerlo, corría el riesgo de terminar bajo un arresto indefinido.
El Consejo para la Transición Democrática en Cuba (CTDC) reportó que varios de sus integrantes, como Eroisis González, Fernando Palacio, Juan Manuel Moreno y Zelandia Pérez, recibieron advertencias de que no podían salir de sus viviendas el 10 de diciembre.
En los casos de Moreno y Pérez, las amenazas fueron acompañadas de vigilancia constante y la advertencia de que enfrentarían consecuencias legales si no cumplían con las órdenes de confinamiento.
Desde días anteriores, activistas del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) también reportaron presiones por parte de las autoridades, que incluyeron interrogatorios, restricciones de movimiento y la prohibición de recibir visitas. Entre ellos se encuentran Cecilia Castellano Guillén, Ramón Jiménez Arencibia, Juan Carlos Hernández Zaldivar, Irel Gómez Moreira y Lázara Sánchez Fiallo.
Esta escalada represiva coincide con las movilizaciones convocadas por José Daniel Ferrer y diversas organizaciones del exilio cubano bajo el lema “Grito mundial por Cuba”. La iniciativa busca exigir la liberación de los presos políticos y denunciar la represión estatal que persiste en el país.
Las movilizaciones están respaldadas por plataformas de la diáspora cubana y activistas en ciudades como Miami, Washington, Madrid, París y Santiago de Chile. Como parte de estas manifestaciones pacíficas, se pide a los residentes en Cuba que coloquen carteles con las letras “DH” (Derechos Humanos) en diferentes puntos de la Isla.
