La propaganda del régimen castrista arremetió contra los campesinos cubanos por el desabasto de comida en el país, ya que no producen lo suficiente y hay “ilegalidades de todo tipo” en las miles de hectáreas de suelo entregadas en usufructo.
De acuerdo con el diario oficialista Granma, la agricultura cubana ha tenido muy malos resultados en los últimos años, lo que ha llevado al gobierno a importar miles de millones de dólares en alimentos. Sin embargo, hay campesinos que tienen “tierras ociosas, sin ser sembradas ni bien atendidas”.
Para evidenciar la situación se toma como referencia al municipio villaclareño de Santo Domingo, donde reina el descontrol. Norberto González Pedraza, subdelegado general de la Agricultura en Villa Clara, explicó que, en ese municipio, donde conviven 3.012 tenentes de tierras, se detectó, en la actividad Registral de los Expedientes, un total de 61 contratos vencidos, 315 sin contrato alguno y 168 de fallecidos sin declarar cambios de titularidad.
Además, la acción de inspección detectó 835 ilegalidades y un total de 827 productores que presentaban dificultades en sus contratos con el Estado; otros 268 tenían sus tierras ociosas o deficientemente explotadas, además de otros 30, que abandonaron la posesión otorgada.
Con respecto al censo de la masa vacuna, se pudo comprobar que 394 propietarios tenían el registro desactualizado, con 608 nacimientos de animales sin declarar. Según la acusación de González Pedraza, estos hechos reflejan actividades de “hurto y sacrifico de ganado y otras tropelías” por parte de los campesinos.
Como resultado de los controles, donde en general se detectaron más de 3.000 ilegalidades, el Ministerio de la Agricultura decidió cancelar el contrato sobre la tierra a 93 productores e imponer un alto número de multas y decomisos, entre otras acciones punitivas.
En toda la provincia de Villa Clara se evidencia un faltante de 1.699 cabezas de ganado que cientos de propietarios no declaran nacimientos o los animales están sin la marca identificativa del dueño. Por otra parte, las muertes y el hurto y sacrificio se cifran en 1.731; mientras las ventas y los traslados ilegales superan los 300. Como es lógico, la situación repercute en contratación con el Estado de la leche y la carne.
En general, en toda la provincia se comprobó que “los usufructuarios tienen más del 80% de la tierra sin explotar o deficientemente explotada”. Sin embargo, el diario oficialista no aborda las razones que pudieron tener esos usufructuarios para actuar de esta forma.
Claramente, el Granma no iría jamás en contra del Gobierno, mismo que no le da atención a los campesinos, los obliga a comprar insumos en dólares y le pone precios topados a la venta de sus producciones. Todo ello son trabas que el propio régimen pone a los trabajadores de la tierra que desmotivan la producción, pues no hace sentido hacer negocio con el Estado opresor.
