El Consejo de la Administración Municipal de Santa Clara aprobó el Acuerdo #205 que ordena el cierre de negocios privados por unos indebido de las pasarelas de pago que soportan el comercio electrónico. Es decir, las plataformas oficiales Transfermóvil o EnZona.
De acuerdo con el periodista oficialista Henry Omar Pérez, la medida contempla el cierre de negocios por un año ante una primera infracción y la clausura definitiva en caso de reincidencia, según el cartel oficial difundido junto a comentarios de ciudadanos indignados por el alcance de la disposición.
La medida, presentada como aprobada por unanimidad, busca “combatir ilegalidades” y “reforzar la disciplina económica”. El mensaje hace un llamado a cumplir las normas y “proteger el orden social”.
Pero ha generado rechazo entre trabajadores por cuenta propia, dueños de Mipymes, clientes y usuarios que señalan fallas estructurales del sistema bancario cubano.
La disposición se enmarca en el creciente control estatal sobre el sector privado en Cuba, especialmente sobre trabajadores por cuenta propia y Mipymes que operan en medio de una economía marcada por la escasez de efectivo, los apagones, la inflación y la inestabilidad de los servicios digitales.
Aunque el gobierno presenta la bancarización como una política de ordenamiento económico, numerosos usuarios cuestionan que las autoridades pretendan castigar a los negocios sin garantizar antes las condiciones básicas para que las operaciones electrónicas funcionen de manera estable.
Entre los comentarios recogidos, varios ciudadanos señalan que el problema no se limita a la conducta de los comerciantes. Usuarios preguntan por qué los bancos limitan las transferencias, por qué no entregan efectivo suficiente, por qué los cajeros permanecen vacíos y por qué las operaciones no se depositan de forma inmediata en las cuentas fiscales.
También cuestionan la conectividad de Etecsa, clave para el funcionamiento de las pasarelas de pago, en un país donde los cortes eléctricos y las fallas de internet afectan a diario la actividad económica.
Una de las críticas más repetidas apunta a la contradicción entre obligar a los negocios a aceptar pagos digitales y, al mismo tiempo, impedirles acceder al efectivo necesario para reabastecerse.
Varios usuarios sostienen que los proveedores mayoristas exigen pagos en efectivo o en divisas, mientras los bancos entregan sumas muy bajas a los cuentapropistas. En ese escenario, aceptar grandes volúmenes de transferencias puede convertirse en un obstáculo para comprar mercancía y mantener abastecidos los establecimientos.
También hay cuestionamientos a la responsabilidad del Banco Central de Cuba y de las instituciones estatales. Un comentarista preguntó qué sanción se aplicará al sistema bancario por no garantizar dinero suficiente, ni en tiempo ni en divisas, para sostener las compras necesarias en el mercado internacional.
Otro usuario señaló que si la cadena de suministro falla en los niveles superiores, resulta difícil exigir eficiencia en el último eslabón, donde operan vendedores y pequeños negocios que dependen de un mercado distorsionado y sin garantías.
Asimismo hubo mensajes apuntan al impacto social de una política que podría terminar reduciendo aún más la oferta de alimentos y productos básicos.
Varios ciudadanos indicaron que los negocios privados, con todas sus limitaciones, son hoy una vía de acceso a mercancías que el Estado no garantiza.
Un usuario advirtió que, si se cierran establecimientos de forma masiva, la población quedará con menos opciones y más dependencia de tiendas en divisas, inaccesibles para muchos cubanos que reciben ingresos en pesos.
