En la enésima campaña de propaganda del régimen castrista contra la “ilegalidades” del sector privado y algunos funcionarios estatales de bajo rango se impusieron en solo unos días 313.038 multas que en su conjunto suman más de 814 millones de pesos cubanos (CUP) que los infractores deberán pagarle al Estado comunista.
El Ejercicio Nacional de Prevención y Enfrentamiento a actividades delictivas que se lleva a cabo durante la primera semana del mes de diciembre fue orientado por el Partido Comunista (PCC) e involucra a funcionarios del Gobierno, inspectores municipales y provinciales, directivos del Ministerio del Comercio Interior (Mincin), el Ministerio de Finanzas y Precios (MFP) y fuerzas del Ministerio del Interior (Minint).
Según la versión oficial, el objetivo es combatir el delito, la corrupción y las conductas antisociales en todo el país. En realidad esa es la cortina de humo del PCC para dar la visión de que se trabaja en favor del pueblo, mientras los cubanos se olvidan de la verdadera causa que los tiene en una situación de profunda crisis.
Uno de los enfoques clave ha sido el control del uso de la tierra y la ganadería, resultando en procesos penales en contra de más de 100 ciudadanos por hurto de ganado mayor. Paralelamente, se concluyeron investigaciones en casos de tráfico de drogas y corrupción, llevando a juicio a varios implicados.
Por su parte, el MFP detectó más de 508.000 irregularidades en inspecciones relacionadas con el control de precios, incluyendo precios abusivos y ocultamiento de mercancías. Estas acciones llevaron al cierre temporal de 680 negocios. La Fiscalía también identificó deudas tributarias de los actores económicos del sector privado por un momento superior a los 61 millones de CUP.
Sin embargo, el acumulado durante todo el año ha sido mayor. En los primeros 11 meses se realizaron 186.445 acciones de control fiscal, detectando deudas por 4.300 millones de CUP, de los cuales 3.000 millones ya fueron recuperados.
Como parte de las acciones, la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) ha liderado más de 800 operativos en carreteras y puntos de control, identificando numerosas ilegalidades. En el proceso, 3.300 personas fueron trasladadas a estaciones policiales por su implicación en delitos.
Uno de los casos más sonados de los últimos días fue la detención de un camión cargado con 79 balitas de gas en la autopista Habana-Pinar. El hecho llevó a la detención del jefe de la planta de llenado de gas licuado en Pinar del Río, supuestamente involucrado en el hecho corrupto.
Durante el ejercicio, se revisaron 1.900 expedientes en fase preparatoria y se presentaron 527 casos a los tribunales. En el 83% de los casos, se impusieron medidas de prisión provisional. Además, se llevaron a cabo juicios ejemplarizantes relacionados con drogas, corrupción administrativa y hurto de ganado.
En el ámbito de la seguridad vial, se impusieron más de 5,000 multas y se retiraron matrículas y licencias de conducción por infracciones legales. Estas medidas buscan reducir los accidentes de tránsito y fomentar una mayor responsabilidad ciudadana.
El mandatario Miguel Díaz-Canel dijo que la nueva oleada de inspecciones y controles es un “ejercicio necesario” y que llega en un momento “oportuno”. “Es un ejercicio que está comprendido entre dos fechas históricas que levantan el patriotismo del país, y que son además fechas de combate (el dos y el siete de diciembre). Por lo tanto, este es un ejercicio también de combate revolucionario para enfrentar tendencias negativas que existen en nuestra sociedad”, señaló.
