La Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica (ARVH) ha iniciado una ofensiva administrativa contra varios aspectos de la llamada Ley de Nietos, incluido el contrato utilizado para incorporar personal del Grupo Palco al Consulado General de España en La Habana.
Las acciones podrían afectar el ritmo de tramitación de miles de expedientes, aunque hasta ahora ninguna autoridad ha ordenado suspenderlos ni ha anulado las nacionalidades concedidas.
Según informó el periodista Marcos Ondarra en The Objective, la asociación cuestiona la interpretación aplicada por el Gobierno español, la intervención de empresas externas y el posible impacto electoral de la incorporación masiva de nuevos ciudadanos.
Piden revisar la Ley de Nietos
La ARVH solicitó una revisión de oficio de las instrucciones emitidas por la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública.
La organización considera que la ley aprobada por el Parlamento estaba dirigida principalmente a los descendientes de españoles exiliados por razones políticas, ideológicas o religiosas, pero que posteriormente se permitió solicitar la nacionalidad a descendientes de emigrantes que abandonaron España por motivos económicos.
La entidad sostiene que esa interpretación amplió indebidamente el número de beneficiarios. Sin embargo, los documentos oficiales muestran una precisión importante: fue la instrucción del 25 de octubre de 2022 la que interpretó que podían acogerse tanto los descendientes de exiliados como los hijos y nietos de personas originariamente españolas.
La modificación de noviembre de 2024 se concentró en permitir que quienes solicitaran una cita telemática dentro del plazo pudieran presentar posteriormente sus documentos.
Por tanto, la petición de revisión presentada por la asociación no significa que la Ley de Nietos haya sido anulada. Tampoco paraliza por sí misma los expedientes pendientes. La legislación española permite suspender un acto durante una revisión de oficio, pero esa decisión debe ser adoptada expresamente por el organismo competente.
Contrato con Palco bajo impugnación
El punto que afecta de manera más directa a Cuba es la impugnación del contrato adjudicado por 1,13 millones de euros a la empresa estatal Grupo Palco para suministrar personal al Consulado español en La Habana.
Los registros de contratación disponibles confirman el importe, el adjudicatario y que el acuerdo está relacionado con el suministro de trabajadores para oficinas.
La ARVH presentó el 28 de julio un escrito ante el Ministerio de Asuntos Exteriores y otros organismos para solicitar la revisión completa y la nulidad del contrato. Argumenta que el reconocimiento de la nacionalidad constituye una función soberana que debe permanecer exclusivamente en manos del Registro Civil y de funcionarios españoles.
La asociación también reclama que se revele qué tareas realiza el personal contratado, cuántos trabajadores participan, cuánto cuestan sus servicios y si tienen acceso a expedientes, datos personales o sistemas informáticos consulares. Su presidente, Antonio Javier Campal Crespo, defendió una revisión “completa y transparente” del procedimiento.
Además, la entidad pidió suspender cautelarmente las encomiendas concedidas a la empresa pública española Ineco y las colaboraciones con Palco mientras Justicia analiza sus reclamaciones. Una eventual suspensión podría reducir el personal disponible en La Habana y agravar las demoras acumuladas.
Qué significa para los solicitantes cubanos
Cuba constituye uno de los principales focos mundiales de solicitudes. La información publicada cifra en alrededor de 350.000 los trámites vinculados a la Ley de Nietos en La Habana, segunda oficina consular con mayor demanda después de Buenos Aires. Esta acumulación explica la contratación de personal externo y los prolongados tiempos de espera.
El plazo para pedir cita terminó el 22 de octubre de 2025, pero el Consulado de España en La Habana debe continuar atendiendo a quienes solicitaron correctamente sus credenciales o citas antes de esa fecha, aunque la comparecencia presencial ocurra después.
Por ahora, los cubanos con expedientes abiertos deben conservar sus justificantes, revisar las comunicaciones consulares y cumplir cualquier requerimiento documental.
La ofensiva de la ARVH abre un nuevo frente legal y podría provocar retrasos, pero no existe una resolución que permita afirmar que las solicitudes cubanas hayan sido canceladas o que las nacionalidades ya inscritas estén en peligro inmediato.
