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ICE busca deportar a cubano condenado por atentado contra exembajador en 1976

Cubano buscado por el FBI.
Fotografía utilizada por el FBI en los años 80, antes de que fuera detenido en Florida. (Foto © FBI de Miami)

El exiliado cubano Virgilio Paz Romero, condenado por su participación en el atentado que causó la muerte del exembajador chileno Orlando Letelier en Washington en 1976, enfrenta una posible deportación desde Estados Unidos.

El hombre permanece detenido en Miami por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), mientras el gobierno estadounidense busca enviarlo a un tercer país después de que un juez federal rechazara su solicitud de libertad.

Paz, nacido en Santa Clara y actualmente de avanzada edad, permanece recluido desde enero en el centro migratorio de Krome, en el sur de Florida. Su nombre volvió a la actualidad tras una investigación publicada por The Washington Post cuando se cumplió el aniversario número 50 del atentado ocurrido el 21 de septiembre de 1976.

 

ICE negocia un tercer país para recibir al exiliado cubano

El juez federal Darrin P. Gayles negó el 28 de agosto una petición presentada por los abogados de Paz, quienes alegaron que el detenido tenía “problemas médicos graves” y que no existía “una probabilidad significativa de deportación en un futuro previsible”.

El magistrado ordenó al gobierno que, en un plazo de 30 días, concretara su traslado a otro país o permitiera su salida bajo vigilancia migratoria.

Durante la audiencia, ICE informó que estaba “gestionando activamente” la posible expulsión y que el Departamento de Estado mantenía conversaciones con una nación interesada en aceptar al cubano. Hasta la publicación del reporte, las autoridades no habían revelado cuál sería ese destino.

El caso de Paz está relacionado con uno de los ataques políticos más conocidos ocurridos en la capital estadounidense. El 21 de septiembre de 1976, una bomba instalada debajo del automóvil de Letelier explotó mientras transitaba por Sheridan Circle, una zona cercana a varias embajadas en Washington.

La explosión provocó la muerte del diplomático chileno y de la ciudadana estadounidense Ronni Karpen Moffitt.

Medio siglo después, el caso vuelve al centro de atención

Las investigaciones posteriores relacionaron el atentado con la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), policía secreta de la dictadura chilena, y con integrantes del exilio cubano anticastrista. Años después, la CIA concluyó que el dictador chileno Augusto Pinochet había autorizado el asesinato.

Los investigadores señalaron a Paz como la persona que habría activado el mecanismo remoto de la bomba. Tras el ataque, logró permanecer oculto durante 15 años en Florida bajo el nombre de Frank Báez, donde dirigía un negocio de jardinería.

Su captura ocurrió en 1991, cuando una imagen suya apareció en el programa televisivo “America’s Most Wanted”. Personas de su comunidad lo identificaron y alertaron a las autoridades.

Paz aceptó declararse culpable por un cargo menor relacionado con asesinato y cumplió siete años de una sentencia de 12 años. Después permaneció bajo custodia migratoria durante otros tres años, hasta que Estados Unidos decidió liberarlo en 2001 al no poder enviarlo a Cuba.

“En retrospectiva, creo que fue un grave error humano”, declaró entonces sobre su participación en el atentado, que atribuyó a “mi juventud”.

Ahora, más de dos décadas después, vuelve a enfrentar una posible expulsión del territorio estadounidense.

Debate judicial sobre deportaciones a terceros países

Aunque Cuba recibe actualmente vuelos de deportación desde Estados Unidos, Paz ha expresado durante años que no desea regresar a la isla, de donde salió cuando era adolescente. Según The Washington Post, nunca tramitó la ciudadanía estadounidense porque mantenía la idea de regresar algún día a Cuba.

Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional defendió la medida y afirmó que la administración Trump utiliza “todas las opciones legales” disponibles para ejecutar sus políticas migratorias. También señaló que, cuando una persona no puede o no quiere regresar a su país de origen, las autoridades buscan alternativas con otros gobiernos.

La situación de Paz ocurre mientras tribunales estadounidenses analizan los procedimientos utilizados para enviar migrantes a terceros países. El Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito determinó recientemente que ciertas expulsiones pueden violar el debido proceso cuando los afectados no reciben información suficiente ni oportunidad para demostrar riesgos de persecución o tortura.

Por ahora, no se conoce la nación que podría recibir a Paz ni cómo influirá ese fallo judicial en su futuro inmediato. La incertidumbre coincide con los actos realizados en Sheridan Circle para recordar a Letelier y Moffitt medio siglo después del atentado que terminó con sus vidas.

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