Un operativo del Ministerio del Interior (MININT) realizado el domingo en San Miguel del Padrón, La Habana, terminó con 71 personas detenidas, entre ellas ciudadanos cubanos considerados “ilegales” por residir en la capital sin autorización administrativa.
Según reportó el medio oficialista Tribuna de La Habana, los agentes desplegaron acciones en todos los consejos populares del municipio y trasladaron a los detenidos a la 11.ª Unidad Municipal de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR).
Las autoridades incluyeron entre los arrestados a personas señaladas por tenencia de drogas, posesión de armas blancas, prostitución, actividades económicas ilícitas, multas pendientes y presunta participación en otros hechos delictivos. Sin embargo, el informe también incorporó a ciudadanos cuya única irregularidad conocida estaba relacionada con su situación residencial.
¿Por qué hay cubanos considerados ilegales en La Habana?
El reporte oficial no especifica cuántas personas fueron detenidas por carecer de residencia capitalina ni cuántas enfrentan cargos penales. Tampoco aclara si hubo liberaciones, multas o traslados forzosos hacia otras provincias. Esta falta de información impide conocer el alcance de las medidas aplicadas a cada grupo.
La polémica tiene su origen en el Decreto 217, aprobado el 22 de abril de 1997 durante el gobierno de Fidel Castro. La normativa estableció requisitos para que ciudadanos procedentes de otros territorios pudieran establecerse permanentemente en La Habana. El Ejecutivo justificó estas restricciones por la escasez de viviendas y las dificultades para garantizar servicios públicos.
Multas y expulsiones por vivir sin autorización en la capital
Los ciudadanos que incumplen estos procedimientos pueden enfrentar sanciones económicas y medidas de retorno a sus provincias. La regulación afecta especialmente a personas procedentes del oriente cubano, quienes suelen trasladarse buscando empleo, mejores condiciones económicas o reunificación familiar.
En 2011, el Decreto 293 flexibilizó algunos requisitos, aunque mantuvo los controles de residencia. La falta de una dirección regularizada también dificulta el acceso a empleos estatales, trámites administrativos y productos de la canasta básica subsidiada.
Organizaciones de derechos humanos han documentado antecedentes de expulsiones forzosas, inspecciones policiales, mientras testimonios ciudadanos describen dificultades para obtener permisos de residencia.
Organismos internacionales cuestionan las restricciones migratorias internas
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha criticado estas disposiciones por limitar la libertad de circulación. Desde 2012, el organismo ha solicitado derogar el Decreto 217 y sus normas complementarias, al considerar que afectan especialmente a sectores vulnerables.
Por su parte, el artículo 52 de la Constitución cubana de 2019 reconoce el derecho a circular y cambiar de domicilio, sujeto a las limitaciones legales. Organizaciones independientes como Cubalex cuestionan que esas restricciones permitan tratar como infractores a ciudadanos que deciden establecerse en otra provincia.
El operativo provocó cuestionamientos en redes sociales por agrupar infracciones administrativas con presuntos delitos. Mientras las autoridades defienden estas intervenciones como medidas de seguridad, sus críticos denuncian discriminación territorial. Hasta ahora, se desconoce cuántos de los 71 detenidos fueron sancionados exclusivamente por carecer de residencia habanera.
