Un violento altercado entre vendedores ambulantes y agentes del orden, tanto uniformados como vestidos de civil, fue reportado hoy en las inmediaciones del conocido edificio de 12 plantas, también llamado “el del correo”, en el reparto Bahía, municipio La Habana del Este, donde con frecuencia se concentran revendedores informales.
Según relató una ciudadana al medio independiente elTOQUE, se trata del segundo operativo violento en la zona en apenas una semana: “Hace una semana hicieron un operativo y hoy otro, pero ellos vienen muy agresivos, dejan el camión en un lado y mandan a los policías vestidos de civil a coger a los revendedores y el que se le niega le ponen las esposas, le dan golpes y es un desastre todo aquí en este país”.
“Esas personas venden para sobrevivir y gracias a ellos muchos vecinos del lugar se benefician y no tienen que comprar las cosas tan caras, pero las multas son kilométricas y decomisan todo”, agregó la fuente.
En medio de la impunidad que caracteriza al aparato represivo de la dictadura cubana, la violencia policial sigue siendo un problema sin solución. Al menos 95 personas murieron en el país por esta causa entre 2018 y 2023, mientras otras 287 sufrieron ataques sin consecuencias mortales, según datos recopilados por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) y elTOQUE.
El reporte da cuenta del “uso indebido o excesivo de la fuerza física o del poder ejercido de manera directa o indirecta por agentes del Estado (Policía, Seguridad del Estado, autoridades carcelarias u otros) en contra de individuos o grupos que resulta en lesiones, muertes o violaciones de los derechos humanos”.
Al menos 95 personas murieron en #Cuba por violencia policial entre 2018 y 2023, de acuerdo con la base de datos presentada este viernes por el @observacuba y el medio digital @eltoquecom#SOSCuba pic.twitter.com/FrM5sEZmRi
— Observatorio Cubano de Derechos Humanos (@observacuba) February 9, 2024
Los agentes del orden actúan con la convicción de que pueden ejercer fuerza desmedida contra la ciudadanía, amparados por un sistema que rara vez les exige rendir cuentas. Esta falta de consecuencias deja a la población en un estado de completa indefensión.
En el caso de los vendedores ambulantes, es común que sean objeto de acoso por parte de la policía, que en no pocas ocasiones actúa con fines extorsivos, exigiendo sobornos a cambio de dejarlos operar.
El auge del comercio informal responde directamente a la agudización de la crisis económica, el desabastecimiento crónico de las tiendas estatales y las restricciones impuestas al trabajo por cuenta propia. Mientras la población lidia con necesidades básicas insatisfechas, el gobierno prioriza la represión de estas prácticas por encima de atender los problemas estructurales que las originan.
