El mayor Noel Morales López, jefe de la prisión provincial de Canaleta, en Ciego de Ávila, fue incluido en la lista de Represores Cubanos por ser uno de los responsables de la represión contra los presos tras un motín desatado entre los días 18 y 19 de febrero.
Según la clasificación a cargo de la Fundación de los Derechos Humanos en Cuba, Morales López es considerado un represor violento por ser protagonista de un acto de violencia política por iniciativa propia o cumpliendo órdenes de superiores.
El comportamiento de este sujeto es identificable como presuntas violaciones a los derechos de los prisioneros y a las Reglas Mandela de Naciones Unidas, acusaciones que incluyen tortura y tratos crueles.
El motín fue inicialmente reportado por el líder de la UNPACU, José Daniel Ferrer, y más tarde confirmado por la agencia EFE y organizaciones como Prisoners Defenders y el Centro de Documentación de Prisiones Cubanas (CDPC).
Los informes indican que los internos de la cárcel comenzaron a gritar consignas como “Libertad”, “Patria y Vida” y “Abajo Díaz-Canel”, en medio de reclamos por hambre, malos tratos, falta de agua y condiciones insalubres.
Según testimonios, la revuelta fue desencadenada por la presunta golpiza a un joven recluso que había pedido comida, quien más tarde apareció ahorcado, aunque las circunstancias no han sido verificadas de forma independiente.
A partir de ese momento, la situación se intensificó y las fuerzas de seguridad del penal, junto con las tropas especiales de las FAR y el MININT, intervinieron para controlar a los internos.
Las autoridades cubanas respondieron al motín con el uso de balas de goma, gas pimienta y violencia física para sofocar la protesta. Testigos informaron que ambulancias ingresaron y salieron del penal, mientras que los reportes de organizaciones como Prisoners Defenders apuntan a un saldo preliminar de al menos siete personas muertas y decenas de heridos.
Javier Larrondo, presidente de la organización, destacó que las familias de los internos vieron salir cajas con cuerpos de la prisión, lo que ha generado más incertidumbre sobre el número exacto de víctimas. No obstante, las autoridades no han confirmado oficialmente si hubo muertos o heridos.
El Minint ofreció su versión oficial de los hechos en una nota informativa publicada el 20 de febrero, donde describe el incidente como una “alteración del orden” por parte de dos reclusos sancionados por delitos como robo con fuerza, hurto y posesión ilegal de armas blancas.
Según el comunicado, otros internos “con iguales características” se sumaron a la protesta, violando el reglamento penitenciario. El Ministerio afirmó que las fuerzas del orden restablecieron la calma con “racionalidad y determinación” y que los responsables del motín recibirían “el rigor de la legalidad socialista”.
Sin embargo, la versión oficial omite cualquier mención de heridos, fallecidos o presos políticos, y no aborda las denuncias sobre el uso excesivo de la fuerza. Tampoco se han divulgado imágenes oficiales del operativo ni información sobre posibles investigaciones internas.
