El líder opositor cubano José Daniel Ferrer, coordinador general de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), convoca a una jornada global de denuncia y resistencia cívica para el próximo 10 de diciembre con el fin de conmemorar el Día Internacional de los Derechos Humanos.
El activista, ahora en el exilio, pide a cubanos dentro y fuera de la Isla que se sumen a esta actividad para exigir el respeto a los derechos humanos, la libertad y la justicia para Cuba. “Ha llegado el momento de que la tiranía y el planeta entero escuchen el grito del pueblo cubano por un futuro diferente”, manifestó.
Ferrer sugirió a los cubanos en el país caribeño que de manera pacífica y creativa expresen su reclamo por un cambio de sistema y por el respeto a las libertades fundamentales. Una de las ideas propuestas por el opositor es que coloquen carteles con las letras “DH” (Derechos Humanos) en cualquier punto del territorio nacional.
Además, convocó a cacerolazos y manifestaciones relámpago que dificulten la identificación de los participantes por parte de las fuerzas represivas del régimen castrista. En este sentido, también recomendó el uso de mascarillas.
A la diáspora cubana, que se encuentra en Estados Unidos, Latinoamérica, Europa y otras regiones, Ferrer les pidió organizar concentraciones y marchas en solidaridad con los cubanos en la Isla.
El llamado de Ferrer cobra un especial simbolismo en el contexto histórico del 10 de diciembre. En esa fecha, en 1948, Cuba jugó un papel crucial en la aprobación de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
El embajador cubano ante la ONU en ese entonces, Guy Pérez de Cisneros, fue quien presentó el proyecto final de la declaración, un hito que reflejaba el liderazgo cubano en la lucha por los derechos fundamentales en el ámbito internacional. El jurista cubano Ernesto Dihigo, por su parte, fue el encargado de elaborar el primer borrador del texto.
Setenta y seis años después, la realidad en Cuba dista mucho de aquel legado histórico. Según el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), la situación actual en la Isla se ha deteriorado profundamente, con un recrudecimiento de la represión y un auge en las detenciones arbitrarias, especialmente contra activistas, opositores y ciudadanos que alzan su voz contra el régimen.
El OCDH ha documentado un aumento constante de las detenciones arbitrarias, y las cifras de presos políticos superan el millar. La ley del Código Penal, aprobada en 2022, ha permitido que las autoridades cubanas criminalicen aún más las críticas al gobierno, lo que ha dejado a los ciudadanos sin una vía legal para defender sus derechos.
La crisis política se ve acompañada por un panorama económico devastador. Según el OCDH, el 89% de los cubanos vive actualmente en condiciones de extrema pobreza. La escasez crónica de alimentos, la falta de servicios básicos y el colapso del sistema de salud han sumido al país en una situación de desesperanza generalizada.
