
El expreso político cubano José Miguel Martínez, integrante del Grupo de los 75 encarcelados durante la Primavera Negra de 2003, relató cómo fue detenido, interrogado y sometido a un proceso judicial que, según denunció, buscaba castigar su activismo pacífico.
En su testimonio, Martínez recordó que fue arrestado el 19 de marzo de 2003, alrededor de las dos de la tarde y posteriormente, las autoridades registraron su domicilio y lo trasladaron a Villa Marista, en La Habana.
El opositor, nacido en 1963 en Quivicán, actual provincia de Mayabeque, narró su incorporación al movimiento disidente y el fuerte activismo desde la Iglesia católica, donde participó junto a su esposa en iniciativas de ayuda a personas mayores necesitadas.
Según contó, ambos fueron citados por la policía después de organizar la entrega de alimentos a ancianos del pueblo. A partir de aquella experiencia comenzó a involucrarse en organizaciones de derechos humanos y movimientos opositores.
Martínez participó en el Movimiento 24 de Febrero, colaboró con el Partido Liberal Demócrata Cubano y formó parte del proyecto de bibliotecas independientes, impulsado por Ramón Humberto Colás Castillo y Berta Mexidor. También trabajó en la recogida de firmas para el Proyecto Varela, promovido por Oswaldo Payá, y contribuyó a organizar comités ciudadanos en distintos municipios habaneros.
El opositor contó en cámara al director y productor Lilo Vilaplana, que el registro de su vivienda fue realizado de manera intimidatoria, ante la mirada de vecinos, con el propósito de enviar un mensaje a quienes participaban en actividades opositoras. Durante su traslado, recordó que un agente lo insultó y amenazó después de que una persona gritara “Libertad”, mientras era conducido esposado.
En Villa Marista, afirmó que permaneció en celdas con iluminación constante y fue sometido a interrogatorios en habitaciones con temperaturas muy bajas. Las autoridades utilizaron contra él sus denuncias públicas, documentos relacionados con transferencias de dinero que correspondían a ayudas destinadas a personas necesitadas y libros incautados durante el registro domiciliario, según su relato.
El 4 de abril de 2003 fue llevado a juicio en San Antonio de los Baños, acusado bajo la Ley 88 de intentar subvertir el orden interno y colaborar con el enemigo. Martínez calificó aquel proceso como una farsa y denunció que varios testigos ofrecieron declaraciones falsas en su contra.
Uno de los momentos más difíciles, recordó, ocurrió cuando intentó cuestionar esas declaraciones ante la presidenta del tribunal y ésta rechazó sus argumentos. La posibilidad de permanecer encarcelado durante años le provocó una profunda angustia por sus hijos, que entonces tenían 11 y 15 años. “Me sentí muy mal, sinceramente me sentí tan mal que me brotaron las lágrimas porque sabía que no iba a ver más a mis hijos”, relató.
“Era injusto haber estado nosotros en prisión luego de que nuestros juicios fueron prácticamente un libreto absurdo de una realidad que no conjugaba absolutamente para nada con lo que nosotros veníamos haciendo en el país por lograr la libertad que todo el pueblo cubano necesita, el derecho que tienen los cubanos a crear, a recibir y darle a la sociedad de acuerdo a su intelecto, de acuerdo a su capacidad.”
El expreso político aseguró que durante su encarcelamiento mantuvo las denuncias y protestas contra las condiciones de prisión. También sostuvo que su decisión de involucrarse en la oposición respondió al deseo de conseguir cambios que permitieran a sus hijos y al resto de los cubanos vivir con mayores libertades y oportunidades.