Una mujer de 21 años, identificada como Aliyah Evans, fue arrestada la madrugada de este martes en el Aeropuerto Internacional de Miami, luego de afirmar que llevaba una bomba en su equipaje de mano, situación que generó un caos en la terminal, informó Local 10.
El incidente ocurrió poco antes de las 6:00 a.m. en los mostradores de boletos de la aerolínea JetBlue, cuando la joven, identificada como Aliyah Evans, residente de Islamorada, fue escuchada por varios testigos diciendo que tenía un explosivo entre sus pertenencias.
Según las autoridades, Evans ordenó a las mujeres y niños evacuar, en tanto les dijo a los hombres que se quedaran en el lugar. Según un reporte de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade, la muchacha sostenía su teléfono móvil, el cual mostraba un “temporizador”, mientras profería sus amenazas.
Tras lanzar su bolso cerca de los mostradores, Evans intentó dirigirse hacia el puesto de control E, evadiendo a los pasajeros en su camino. Rápidamente, agentes de Aduanas y Protección Fronteriza, junto con un equipo canino y un escuadrón antibombas, respondieron al incidente. Al revisar su equipaje, no encontraron explosivos.
El caos generado por la amenaza causó pánico entre los pasajeros y el personal del aeropuerto, además de retrasos en los vuelos. Los investigadores señalaron que Evans derribó los separadores de carril, lo que contribuyó al disturbio y a la alteración del orden público. En cuanto a su arresto, fue identificada por testigos y detenida por los agentes.
Según los registros de la cárcel, enfrenta cargos por realizar un informe falso sobre la colocación de una bomba o explosivo y por conducta desordenada, alterando el orden público.
Tras su detención, Evans fue trasladada a la estación de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade, donde invocó su derecho a permanecer en silencio y no fue entrevistada. Actualmente, se encuentra detenida en el Centro Correccional Turner Guilford Knight sin una fianza fijada.
En el estado de Florida, realizar un informe falso sobre la colocación de una bomba o explosivo constituye un delito grave de segundo grado, cuya infracción es de hasta 15 años de prisión y una multa de hasta 10.000 dólares.
En casos donde el informe falso resulte en la movilización o acción de cualquier oficial de la ley o agencia estatal o local, el tribunal puede requerir que el condenado pague una restitución por todos los costos y daños derivados de la conducta delictiva.
Además, si la denuncia falsa involucra propiedades estatales, como escuelas o edificios gubernamentales, la ley establece una recompensa de 5.000 USD para la persona que proporcione información que conduzca al arresto y condena del infractor.
