Un juez federal ha detenido la medida de la administración de Donald Trump que pretendía acelerar las deportaciones de migrantes que habían recibido el parole humanitario en Estados Unidos o habían entrado mediante citas con CBP One.
La decisión, tomada el viernes pasado, ha sido vista como un triunfo para los defensores de los derechos de los inmigrantes, que temían que cientos de miles de personas fueran expulsadas sin un proceso adecuado.
La jueza federal de distrito, designada por el Partido Republicano, explicó en su fallo que los procedimientos de deportación acelerada que adoptó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) eran inapropiados y violaban las reglas al cambiar las condiciones a mitad de camino. Esta medida afectaba a aquellos que habían llegado al país bajo parole humanitario, un permiso temporal para escapar de la violencia y opresión en sus países de origen.
Según una abogada de inmigración entrevistada por el periodista Daniel Benítez, la decisión judicial es una excelente noticia, especialmente para los migrantes vulnerables que podrían haber sido procesados bajo el sistema de “remoción expedita”, un proceso que les colocaba en una situación desesperante.
En este procedimiento acelerado, los migrantes eran arrestados y deportados sin la oportunidad de presentar una defensa adecuada ante los tribunales de inmigración.
El parole humanitario es utilizado por las autoridades de EEUU para permitir que ciertos inmigrantes permanezcan temporalmente en el país mientras sus casos son evaluados; sin embargo, las nuevas políticas de la administración Trump amenazaban con alterar este proceso y acelerar las deportaciones, dejando a los migrantes en un estado constante de incertidumbre.
La abogada mencionó que, aunque la decisión judicial aún está pendiente de su revisión más detallada, los inmigrantes ahora tienen una oportunidad de respirar, al menos por un tiempo. Esto se debe a que la decisión bloquea el proceso de deportación expeditiva de aquellos con parole, lo que implica que el gobierno no podrá proceder a la deportación inmediata sin una evaluación completa del caso.
Esta medida también afecta a los migrantes que ya estaban en un proceso judicial. La jueza también ordenó que las personas que estaban siendo procesadas bajo el sistema de deportación expedita no sean enviadas de vuelta a sus países de origen sin antes recibir una revisión más exhaustiva de sus casos.
El caso que ejemplifica esta situación es el de un cubano que arribó por el puerto de entrada de San Isidro en marzo de 2024. Este migrante había recibido un parole humanitario tras ser inspeccionado por la patrulla fronteriza, y desde entonces cumplió con todas sus obligaciones legales, incluso trabajando en EEUU. Sin embargo, después de su audiencia en la corte de inmigración, fue detenido por agentes de ICE y amenazado con ser deportado.
Otro caso similar involucra a un migrante venezolano que también recibió parole y que fue arrestado en circunstancias similares, lo que ha generado preocupación dentro de la comunidad migrante. Ambos casos ilustran cómo los inmigrantes, que inicialmente fueron recibidos bajo el parole, se enfrentaron a una repentina amenaza de deportación acelerada, un proceso que rara vez había sido aplicado a esta escala.
El fallo de la jueza refleja una preocupación creciente por parte de los abogados de inmigración sobre las tácticas del gobierno de Trump, especialmente en cuanto a la deportación de personas que fueron admitidas en EEUU bajo condiciones humanitarias.
En los últimos meses, muchos migrantes, incluidos cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos, han sido objeto de estrategias de deportación aceleradas, lo que ha aumentado el temor dentro de estas comunidades.
Aunque la victoria es significativa, los abogados advierten que aún queda mucho por hacer. La decisión judicial no ha puesto fin a las políticas de deportación acelerada, pero sí ha suspendido su aplicación inmediata. Los inmigrantes deberán seguir luchando legalmente para asegurarse de que se les respeten sus derechos y se les brinden oportunidades adecuadas para defender sus casos en los tribunales de inmigración.
