El 9 de enero de 2026, una juez federal de Estados Unidos anunció que bloquearía la decisión de la administración de Donald Trump, que pretendía terminar con el estatus legal temporal de entre 10.000 y 12.000 migrantes provenientes de Cuba, Haití, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala y Honduras. Estos migrantes formaban parte de los programas de reunificación familiar, que les permitieron reunirse con sus familiares en los EEUU.
La jueza del Distrito de Massachusetts, Indira Talwani, indicó que emitirá una orden de restricción temporal para evitar que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ejecute su decisión de finalizar estos programas.
Si se hubiera implementado la decisión ejecutiva de la administración republicana, los migrantes habrían tenido que regresar a sus países de origen o enfrentarse a la deportación.
En ese sentido, la jueza Talwani expresó su frustración por la falta de un aviso adecuado por parte del DHS, que no cumplió con la notificación legalmente requerida antes de retirarles el estatus legal a los migrantes.
Durante la audiencia, Talwani insistió en la importancia de seguir los procedimientos legales establecidos: “Tengo un grupo de personas aquí que intentan seguir la ley, y yo les estoy diciendo que nosotros, América, también debemos seguir la ley”, señaló a los abogados del Departamento de Justicia.
El abogado defensor de los migrantes, Justin Cox, calificó la decisión como “escandalosa”, subrayando que un 30% de los migrantes afectados eran niños que, en muchos casos, serían retirados de las escuelas.
Por su parte, la abogada del Departamento de Justicia, Katie Rose Talley, defendió la medida, argumentando que el DHS tenía amplia discreción para revocar el estatus legal temporal de los migrantes.
Esta decisión forma parte de una agenda migratoria más amplia de la administración Trump, que incluye la cancelación de cientos de miles de permisos de parole humanitario que permitían a los migrantes vivir y trabajar temporalmente en EEUU. El 12 de diciembre de 2025, el DHS anunció que pondría fin a los programas de reunificación familiar, implementados y modernizados durante la administración de Joe Biden, con la fecha de efectividad fijada para el 14 de enero de 2026.
Bajo estos programas, los ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes podían patrocinar a familiares de los siete países mencionados, permitiéndoles vivir en EEUU mientras esperaban la aprobación de sus visas de inmigrante. Los migrantes recibían un permiso de parole humanitario por tres años.
El DHS justificó la eliminación de estos programas, argumentando que los migrantes los habían abusado y que se les permitió eludir los procesos tradicionales de inmigración. Según el departamento, esta medida era parte del retorno a la política “America First” de Trump.
El bloqueo de la jueza federal puede ser apelado por el gobierno y tal y como sucedió con el parole humanitario la decisión final estaría en manos de la Corte Suprema.
La propia jueza Talwani había bloqueado los esfuerzos de la administración para terminar con los permisos de parole otorgados a aproximadamente 430.000 migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. Sin embargo, la Corte Suprema de EEUU levantó esa orden, que luego fue anulada por un tribunal de apelaciones.
