Un juez federal suspendió este martes 21 de julio varias políticas migratorias del gobierno de Donald J. Trump que amenazaban con cancelar permisos laborales y rechazar solicitudes de asilo de aquellos beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés).
La orden de emergencia, emitida en Boston por el magistrado Nathaniel Gorton, protege de forma provisional a decenas de miles de inmigrantes mientras el tribunal analiza la legalidad de las medidas adoptadas por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).
La suspensión permanecerá vigente hasta el 5 de agosto de 2026. Para esa fecha, Gorton deberá decidir si mantiene el bloqueo durante el desarrollo del litigio. La agencia migratoria no había respondido públicamente al fallo al cierre de los reportes iniciales.
Orden protege permisos de trabajo y casos de asilo
La demanda impugna cuatro políticas vinculadas con la implementación de la denominada “Gran y Hermosa Ley”, promulgada por Trump el 4 de julio de 2025.
La legislación estableció nuevos cobros para trámites migratorios y limitó la duración de ciertas autorizaciones laborales concedidas a solicitantes de asilo y beneficiarios del Estatus de Protección Temporal.
Entre los cambios figura una tarifa anual de 100 dólares para las solicitudes de asilo pendientes. USCIS también anunció que podía rechazar expedientes y retirar permisos laborales cuando una persona no efectuara el pago, incluso ante posibles fallas en la notificación o retrasos administrativos.
Gorton permitió que el gobierno continúe cobrando el arancel mientras avanza el proceso. Sin embargo, prohibió que la falta de pago provoque por ahora la cancelación del permiso de trabajo, el rechazo del caso o la imposición de otras sanciones.
La decisión también puede beneficiar a cubanos con peticiones de asilo pendientes y autorizaciones laborales vinculadas a esos procesos. El alcance de esta parte de la orden no se limita a una nacionalidad determinada.
Beneficiarios del TPS podrán conservar sus empleos
El riesgo más inmediato recaía sobre miles de titulares del TPS cuyos permisos podían quedar recortados desde el 22 de julio. Reuters identificó entre los grupos afectados a inmigrantes de El Salvador, Sudán y Ucrania, pese a que sus protecciones temporales continuaban vigentes.
Las organizaciones demandantes argumentaron que USCIS aplicó las nuevas restricciones de forma retroactiva y sin cumplir el proceso de notificación y comentarios públicos establecido por la Ley de Procedimiento Administrativo.
Según la demanda, esa actuación podía dejar sin empleo a personas que aún mantenían un estatus migratorio válido.
“La decisión de la corte garantiza que miles de familias no pierdan sus medios de vida ni la tranquilidad”, declaró Skye Perryman, presidenta de Democracy Forward.
La batalla legal continuará en agosto
El litigio fue presentado por organizaciones de defensa migratoria y sindicatos, entre ellos la Asociación Venezolana de Massachusetts, la Alianza Nacional TPS, el Proyecto de Defensa de Solicitantes de Asilo y el Sindicato Internacional de Empleados de Servicios.
La resolución no elimina las tarifas ni invalida definitivamente las políticas. Solo impide que la administración las utilice para retirar de inmediato autorizaciones laborales o cerrar casos de asilo. El futuro de esas disposiciones dependerá de la decisión que el juez adopte antes del 5 de agosto.
