Una jueza de Miami firmó el viernes una orden de arresto contra Raúl Castro por su presunta participación en una conspiración para cometer asesinato en primer grado, vinculada al derribo de dos avionetas de Hermanos al Rescate en 1996. La investigación estatal sostiene que agentes cubanos operaron desde Florida para facilitar el ataque, que dejó cuatro muertos.
Según la orden judicial y la declaración jurada obtenidas por el Herald/Times, la jueza principal del 11.º Circuito Judicial, Ariana Fajardo Orshan, consideró que existen indicios suficientes para proceder contra el expresidente cubano. El Departamento de Aplicación de la Ley de Florida desarrolló las pesquisas que sustentan esta nueva actuación penal.
El expediente atribuye a Castro un acuerdo con otras personas para asesinar a los ocupantes de las aeronaves civiles. En aquel momento, dirigía las Fuerzas Armadas de Cuba, mientras su hermano Fidel encabezaba el régimen.
La investigación sitúa parte de la presunta conspiración en Miami y Key West. Según la declaración jurada, dos espías cubanos se infiltraron en Hermanos al Rescate y recibieron instrucciones para enviar a las autoridades de la isla información sobre los vuelos de la organización.
Los investigadores también señalan que los agentes recopilaron datos sobre la base aeronaval de Key West durante las semanas anteriores al ataque. La fiscalía estatal fundamenta su jurisdicción en esas actividades de vigilancia y en la transmisión de información desde territorio de Florida, que considera elementos de la supuesta coordinación criminal.
Uno de los puntos del expediente describe una advertencia dirigida a los infiltrados: no debían viajar en las avionetas de Hermanos al Rescate entre el 24 y el 27 de febrero de 1996. Uno de ellos abandonó Florida y regresó a Cuba el día 23, según el documento judicial.
Al día siguiente, cazas de la Fuerza Aérea cubana destruyeron dos aeronaves del grupo. Murieron tres ciudadanos estadounidenses y un residente permanente legal: Armando Alejandre, Mario de la Peña, Pablo Morales y Carlos Costa. La organización, con sede en Miami, realizaba operaciones civiles para localizar y auxiliar a personas que escapaban de Cuba por mar.
Las autoridades cubanas defendieron entonces que las avionetas se encontraban sobre aguas de la Isla. Sin embargo, Estados Unidos y una investigación de Naciones Unidas concluyeron que el derribo ocurrió sobre aguas internacionales. Esa diferencia ha acompañado durante tres décadas las reclamaciones de justicia por las víctimas.
La orden estatal se suma al proceso federal anunciado en mayo, cuando el Departamento de Justicia presentó cargos contra Castro por asesinato y conspiración para matar. El fiscal general de Florida, James Uthmeier, participó en aquel anuncio en la Torre de la Libertad de Miami, después de impulsar en marzo una investigación propia.
El caso llega treinta años después del derribo y tras décadas de reclamos de legisladores de Florida, estado que concentra la mayor comunidad cubana del país. En 2003, Estados Unidos había acusado a un general cubano y a dos pilotos. Según la información proporcionada, Uthmeier tiene previsto comparecer este lunes en Miami para anunciar los detalles de la nueva orden judicial estatal.
