El juicio oral contra Alejandro Miguel Gil Fernández comenzará este martes 11 de noviembre de 2025, a las 9:30 a.m., en la Sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal Supremo Popular. Este acto procesal será cerrado al público debido a razones de seguridad nacional, y solo podrán asistir las partes involucradas y aquellas personas autorizadas por el tribunal.
El tribunal ha notificado que el juicio se desarrollará conforme a lo dispuesto en la Constitución de la República de Cuba y la Ley del Proceso Penal. En virtud de estos marcos legales, aseguran que se han garantizado los derechos del acusado y su defensa, quienes han tenido acceso al expediente completo, incluidas las conclusiones provisionales de la Fiscalía.
Asimismo, agrega la información que los abogados de Gil Fernández entregaron las conclusiones de la Defensa antes del inicio del juicio. El caso ha generado atención debido a la relevancia del acusado y las implicaciones de su juicio en el contexto actual de la política cubana. Aunque no se permitirá cobertura televisiva, el seguimiento de este proceso se mantendrá dentro de los cauces judiciales establecidos.
El exministro de Economía y Planificación y otrora viceprimer ministro fue destituido el 2 de febrero de 2024 en medio de una crisis económica y tras un aplazamiento del incremento de precios de combustibles. Poco después, el 7 de marzo de 2024, se confirmó que estaba bajo investigación penal por “graves errores” en su gestión. Gil reconoció las acusaciones y renunció al Partido Comunista y a su escaño en la Asamblea Nacional.
Casi un año y medio después, la Fiscalía General imputó a Gil cargos graves que incluyen espionaje, malversación, cohecho, evasión fiscal, lavado de activos, falsificación de documentos públicos, tráfico de influencias y actos en perjuicio de la economía.
Su hermana María Victoria Gil ha reconocido públicamente que Alejandro fue cómplice de la dictadura y que sus políticas de Ordenamiento Económico contribuyeron a la crisis del país, si bien considera que otros líderes también son responsables.
Por su parte, la hija de Gil ha pedido un juicio público y televisado para garantizar la transparencia, defender la presunción de inocencia y evitar un proceso político opaco.
El juicio contra Gil Fernández involucraría una veintena de personas que también están imputadas en el caso, entre ellas un diputado de la Asamblea Nacional del Poder Popular y un secretario del Partido Comunista. Según una fuente anónima consultada por el portal 14ymedio, entre cinco y seis personas están bajo medidas cautelares.
