La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba (FHRC, por sus siglas en inglés) incorporó a cinco juristas a su listado de Represores Cubanos, debido a las injustas condenas emitidas a seis personas que participaron en una protesta masiva en Encrucijada, Villa Clara.
Los nuevos integrantes de esta clasificación, publicada en reporesorescubanos.com, son considerados represores de cuello blanco por ser funcionarios que usaron su autoridad para implementar medidas represivas por razones de criterios políticos u otras intolerancias.
Los fiscales y jueces integrados a la lista son Ayrebi Miranda Pérez, Yosmel Guevara Herrera, Aimee Caraballé Corrales, María Teresa Domínguez Rodríguez y Justo Gustavo Faife Hernández.
Estos funcionarios estuvieron involucrados en sentencias de hasta 8 años de prisión emitidas el pasado 15 de enero a dicho número de personas, que participaron en la manifestación del 7 de noviembre de 2024, exigiendo el restablecimiento del servicio eléctrico tras más de 48 horas de apagón.
Miranda Pérez, fiscal del caso, había solicitado penas de entre 4 y 9 años de prisión para los acusados, basándose únicamente en el hecho de que los manifestantes tocaran calderos y gritaran “queremos corriente” frente a la sede municipal de la Asamblea del Poder Popular y el Partido Comunista. Para el fiscal Guevara Herrera, la protesta pacífica fue un acto de “desórdenes públicos”.
La sentencia dictada por los jueces Aimee Caraballé Corrales, María Teresa Domínguez Rodríguez y Justo Gustavo Faife Hernández impuso penas de entre 5 y 8 años de prisión, a pesar de que no hubo evidencia de violencia ni de alteración del orden público.
Los magistrados acusaron a los manifestantes de “obstaculizar la vía pública” e “incitar a otros a unirse a la protesta”. Sin embargo, los videos de la manifestación, difundidos en las redes sociales, mostraron claramente que la protesta fue pacífica, con ciudadanos tocando cazuelas mientras pedían el restablecimiento del servicio eléctrico.
Este caso ha tenido una gran repercusión en medios independientes y en el exilio cubano, especialmente debido al encarcelamiento del escritor José Gabriel Barrenechea Chávez.
La madre de Barrenechea, enferma de cáncer, pidió ver a su hijo antes de morir, pero su solicitud fue negada por el jefe de la prisión de La Pendiente, Yurianis Speck Rosillo. La mujer falleció sin poder ver a su hijo.
Los seis condenados fueron sentenciados de la siguiente manera:
- Yandri Torres Quintana: Petición fiscal: 9 años – Sanción: 8 años.
- Rafael Javier Camacho Herrera: Petición fiscal: 9 años – Sanción: 7 años.
- José Gabriel Barrenechea Chávez: Petición fiscal: 6 años – Sanción: 6 años.
- Rodel Bárbaro Rodríguez Espinosa: Petición fiscal: 5 años – Sanción: 5 años.
- Yuniesky Lorences Domínguez: Petición fiscal: 4 años – Sanción: 3 años de trabajo correccional sin internamiento.
- Marcos Daniel Díaz Rodríguez: Petición fiscal: 5 años de limitación de libertad – Sanción: 5 años de limitación de libertad.
